BARCELONA, 31 May. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Barcelona pondrá en marcha en septiembre una prueba piloto con diversas fórmulas de una renta municipal de inserción, mediante un proyecto con 1.000 hogares de los diez barrios del eje Besòs, al que destinará 13 millones de euros, 4,85 de ellos aportados por la UE.
La teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, ha explicado este miércoles en rueda de prensa que, según estudios previos, el cesto de necesidades en la ciudad cuesta como mínimo de 400 a 525 euros --sin contar gastos de vivienda, por su actual "volatilidad"--, y ha añadido que esta renta garantizará este mínimo, que aún debe concretarse, restando lo que pueda cobrar el beneficiario hasta alcanzarlo.
El objetivo es ensayar durante 24 meses cuatro tipos de renta de inclusión para comprobar su impacto, su eficacia y si desincentivan el acceso al mercado laboral: una de estas rentas estará condicionada a que la persona haga un proceso de inserción; la otra no será condicionada; otra será compatible con otros ingresos, y otra será incompatible, por lo que se retirará si se encuentra un empleo u otros ingresos.
Ha destacado que este proyecto, llamado B-Mincome e impulsado a través de Urban Innovative Action, es pionero en Europa, porque nunca se había comprobado científicamente el impacto de estos cuatros tipos de renta ni si desincentivan o no el acceso al mercado laboral, y el Ayuntamiento se coordina con otras pruebas piloto similares que se llevan a cabo en Utrecht, Ontario y Finlandia.
La renta se combinará con cuatro tipo de políticas públicas, ya sean voluntarias u obligatorias: la participación de planes de empleo --con colaboración de Barcelona Activa y entidades de los barrios--; programas de emprendeduría social; colaboración con actividades comunitarias para mejorar la red relacional, y apoyo a la rehabilitación para impulsar programas de convivencia y vivienda compartida.
BENEFICIARIOS
Los 1.000 hogares se escogerán con un sistema aleatorio y estratificado, seleccionando a sus beneficiarios de entre los usuarios de los centros de servicios sociales, el Servicio de Inclusión Social (Sis), participantes del programa Làbora, y receptores de la renta para familias con hijos de hasta 16 años, a la que se destinaron 22 millones en 2016 para unos 20.000 menores.
Los beneficiarios deberán acumular al menos dos años empadronados en la ciudad y residir en algún barrio del eje Besòs, y una de las personas del hogar deberá tener de 25 a 60 años, para lograr este objetivo de evaluar la importancia de los incentivos para acceder al mercado laboral según el tipo de renta.
El director de Planificación e Innovación del área de Derechos Sociales, Lluís Torrens, ha calculado que en los diez barrios del eje Besòs hay de 4.000 a 5.000 hogares con estas condiciones, y ha defendido que la iniciativa avanza hacia un modelo que permite "salir de la perspectiva asistencialista y pasar al concepto de derecho".
El coordinador del proyecto Urban Innovative Actions, Raffaele Barbato ---que ha intervenido mediante un vídeo--, ha dicho que la iniciativa es totalmente nueva en Europa, y que se pretende "cambiar radicalmente y revolucionar" el modelo de ayudas y renta.
El director del Instituto Catalán de Evaluación de Políticas Públicas (Ivàlua), Marc Balaguer, ha destacado que evaluarán los resultados y la evolución del proyecto junto a otras entidades, analizando los efectos sobre la pobreza, la inclusión, el empleo y la autonomía.
Laia Ortiz ha defendido garantizar que todos los residentes en la ciudad "dispongan de unos ingresos mínimos, que la Generalitat y el Estado" no están garantizando, según ella: ha detallado que hay 68 rentas monetarias y otras 73 no monetarias de Govern y Estado --a las que se deben sumar las del Ayuntamiento--, lo que cree que evidencia una mala gestión de los recursos públicos.
Ortiz ha resaltado que el espacio geográfico mínimo para activar esta renta de inversión sería el área metropolitana, pero que lo idóneo sería toda Catalunya, y ha recordado que el Govern prevé la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), sobre la que ha pedido que no excluya otras ayudas, como la destinada a familias con menores de la ciudad.
Además del Ayuntamiento y la UE, el proyecto tiene la colaboración de The Young Foundation, Fundació Novact, Ivàlua, el Igop de la UAB y la UPC, y, para elaborar los estudios previos, ha contado con datos de la Agencia Tributaria a nivel de barrio y la UPF, entre otros.
El contenido de esta noticia está elaborado en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona
