BARCELONA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) - La Guardia Civil ha detenido este martes a 14 personas en una operación por el presunto sobrecoste de más de 82 millones de euros en tres obras de la alta velocidad en la zona de la estación barcelonesa de La Sagrera. Este martes también se llevan a cabo registros en 15 domicilios en Barcelona y Madrid, tanto particulares como sedes profesionales de los diversos entes públicos y privados que participan en las obras, ha informado este martes la Fiscalía Anticorrupción en un comunicado. Los 14 detenidos son empleados de las entidades que, según la Fiscalía, han tenido un papel relevante en la ejecución y certificación de las obras que están siendo investigadas. La operación la dirige el Juzgado de Instrucción 26 de Barcelona a partir de una querella de la Fiscalía Especial contra la Corrupción, que comenzó la investigación en noviembre de 2014 y tras recibir una denuncia presentada por el presidente de Adif. Esta denuncia, presentada por Adif a la Fiscalía, manifestaba que en tres obras públicas de la alta velocidad en la zona de la estación se habían detectado dobles mediciones que reflejaban diferencias sustanciales entre la obra certificada como realizada y la que en realidad se había ejecutado. De esta forma, presuntamente se emitieron reiterada e intencionadamente sucesivas certificaciones de obra con importes muy superiores a los trabajos que en realidad realizaron las empresas contratistas; y la denuncia de Adif cuantifica el cobrecoste total de las tres obras en más de 82 millones. Son tres proyectos: la construcción de los accesos a la estación; la de la estructura de la misma estación, y la de la plataforma de la línea de alta velocidad en el sector Sant Andreu del tramo La Sagrera-Nus de la Trinitat. La Fiscalía ve indicios de que en la trama no solamente han participado funcionarios directamente relacionados con las obras sino también diferentes empleados de empresas privadas colaboradoras, y personas directivos de las empresas contratistas beneficiadas por el desvío de dinero público. La Fiscalía ve "indicios sólidos" de que el falseamiento de las certificaciones de obra respondía a la intención de favorecer indebidamente a las empresas contratistas, que presuntamente habían estado percibiendo de este modo sumas de dinero muy superiores a las que realmente les correspondía recibir.
