Los altos cargos de la Generalitat ya tienen un código de conducta para evitar corrupción

Raül Romeva, conseller de la Generalitat
EUROPA PRESS
Publicado 21/06/2016 15:33:34CET

   No aceptarán regalos ni viajes y comunicarán reuniones con lobbies

   BARCELONA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El Consell Executiu de la Generalitat ha aprobado este martes el código de conducta de los altos cargos públicos para combatir la corrupción y garantizar la integridad y la ética pública.

   El conseller de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia, Raül Romeva, ha explicado en rueda de prensa que "la construcción de un nuevo Estado se debe hacer sobre la base de unas prácticas que sean ejemplares".

   El código contiene 24 principios éticos y reglas, que afectan a altos cargos y directivos del sector público, centrados en su comportamiento ejemplar y en la transparencia y trazabilidad de la toma de decisiones.

   Es un documento hasta ahora inexistente y que la Ley de transparencia obligaba a crear, aunque Romeva asegura que "esto no significa que las cosas se estuvieran haciendo mal".

   Prohíbe aceptar que empresas o particulares les paguen viajes, desplazamientos ni alojamientos y tampoco pueden recibir regalos, excepto si son obsequios conmemorativos, en cuyo caso "se entenderá que no va dirigido a la persona sino al cargo" y la propiedad recaerá en la institución.

LOBBIES

   Obliga a publicar la agenda de reuniones con 'lobbies' y que éstos se inscriban en el registro de la Generalitat para poderse encontrar con los cargos públicos, aunque sí podrán hacer una primera reunión.

   En ese primer encuentro ya se les informará de la obligación de inscribirse: "Una segunda reunión no será posible si este grupo de interés no está registrado", ha avisado Romeva.

COMITÉ ASESOR CON 5 MIEMBROS

   El código también obliga a presentar el patrimonio de los cargos públicos cuando se les nombre y cuando se les cese, y prevé la creación de un comité asesor de ética pública, con cinco miembros que valorarán los casos en que se dude de la rectitud de las prácticas.

   En caso de incumplimiento, se aplicarán las sanciones previstas en la Ley de transparencia de 2014.

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