AMI y ACM se querellan contra Maza por "amedrentar" a los alcaldes que apoyaron el referéndum

El alcalde de Mollerusa, Carles Solsona, tras comparecer ante la Fiscalía
EUROPA PRESS
Publicado 09/10/2017 14:34:05CET

   BARCELONA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La AMI y la ACM se han querellado contra el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, por "amedrentar" a los 714 alcaldes catalanes que firmaron un decreto en apoyo al referéndum al citarles como investigados.

   En la querella, recogida por Europa Press, afirman que las instrucciones de Fiscalía "tan sólo tenían la voluntad de atemorizar y amedrentar tanto a los 714 alcaldes que firmaron el decreto del referéndum como al pueblo catalán", y que se ha investigado a los ediles sin necesidad alguna y sin justificación legal.

   La querella se presentó este viernes ante el Tribunal Supremo por la posible comisión de un delito continuado de usurpación de atribuciones, delitos continuados de coacciones y amenazas y un delito continuado de prevaricación.

   Argumentan que "es palmario que la única finalidad con que se dictaron las diferentes resoluciones --desde las fiscalías provinciales-- fue hacer efectiva la voluntad del Fiscal General del Estado estrechamente ligada con la del Gobierno central".

   Consideran que la competencia para acordar diligencias de investigación o medidas cautelares es competencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que ya había admitido a trámite una querella contra el Govern por convocar el referéndum.

   Por eso, creen que el fiscal general ordenó diligencias sin tener "la menor competencia al respecto", ya que el artículo 773.2 de la Ley de enjuiciamiento criminal prevé el monopolio de la investigación judicial en favor del juez competente.

    Así, la actuación del fiscal "comportó cercenar los derechos de todos y cada uno de los alcaldes" que se vieron citados a declarar bajo apercibimiento de ser detenidos si no comparecían voluntariamente.

"LEGALIDAD ILEGAL"

   Argumentan que Maza, tras tener pleno conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos, no cesó en la instrucción tal y como le exigía el artículo 773.2 sino todo lo contrario, "amparándose en una legalidad ilegal".

   "El resultado de la resolución que entiende esta acusación como

   prevaricadora comporta la criminalización de toda una serie de conductas

   respecto de unos sujetos para los cuales, a fecha de hoy, ni tan sólo han sido investigados ni citados a declarar por el TSJC", aseguran.

   "Todos ellos sufrido en sus carnes un resultado manifiestamente injusto, en la consecuencia de los perjuicios que derivados de dichas instrucciones les han ocasionado angustia, nerviosismo y una situación de desasosiego absolutamente innecesaria e improcedente, sin tener en cuenta el daño reputacional ocasionado", critican.

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