Antifraude registra 145 denuncias en 2012, un 20% más

Daniel de Alfonso
EUROPA PRESS
Actualizado 01/03/2013 20:22:30 CET

Se ofrece como "organismo independiente" para tutelar la ley catalana de transparencia

BARCELONA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) registró 145 denuncias el año pasado, un 20% más que en el anterior --121--, según la memoria del ejercicio que el director del órgano fiscalizador, Daniel de Alfonso, ha entregado este viernes a la presidenta del Parlament, Núria De Gispert.

Según el mismo informe, el 53% de estas denuncias fueron archivadas, el 34% se elevaron a la dirección de investigación y el 13% se han suspendido al ser remitidas al Ministerio Fiscal o al juzgado.

Del total de renuncias recibidas, 82 afectaban a ayuntamientos; 27 a la Generalitat; 14 a entidades y empresas privadas; 11 a otras entidades y administraciones; cuatro a fundaciones; tres a consejos comarcales; dos a diputaciones y dos a universidades.

La mayoría de las denuncias --71-- han sido presentadas por particulares, mientras que los grupos políticos han presentado 45: CiU 16; el PP 8; ERC 3; ICV-EUiA 3; el PSC 2 y grupos independientes 13.

Durante 2012 la OAC tramitó 119 expedientes de investigación, de los que 76 siguen en curso y 44 han concluido, ya sea comunicando los hechos a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal; comunicándolo a la autoridad administrativa; emitiendo un informe a la autoridad competente o archivando el expediente.

CONTROL A PARTIDOS

De Alfonso también ha entregado a De Gispert un informe sobre transparencia en el que recoge la necesidad de encomendar la tutela de la ley de transparencia que desde este viernes elabora el Parlament a un "organismo independiente".

El documento ofrece para este papel a la OAC recordando que es una "institución específicamente dirigida a preservar la transparencia y la integridad de las administraciones y del personal al servicio del sector público a Catalunya".

En este informe, Antifraude ofrece un decálogo sobre los temas que debería abordar la nueva norma de la transparencia, que debería tener por objetivo "una verdadera revolución en la cultura administrativa del secretismo".

La OAC reclama que los sujetos sometidos a ley deberían ser no sólo la administración pública y la de justicia, sino también "sujetos privados" que han llevado a cabo actividades con fondos públicos, lo que incluiría a los partidos políticos y sus fundaciones.

En relación a la administración de justicia, Antifraude precisa que la información pública debe ser aquella relativa a procesos que ya han sido juzgados, mientras que debe protegerse esta información solo a las partes interesadas cuando el proceso judicial está en pleno trámite.

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