La Audiencia ordena investigar citaciones de cargos de la Generalitat en la Guardia Civil por el 1-O

Comandancia de la Guardia Civil en Travessera de Gràcia
Europa Press - Archivo
Publicado 10/07/2018 12:59:52CET

   Drets valora que la admisión de su querella puede suponer que se anulen las declaraciones

   BARCELONA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La Audiencia de Barcelona ha ordenado que el Juzgado de Instrucción 32 de Barcelona admita la querella presentada por Drets y una denuncia de la Generalitat y se investiguen presuntas irregularidades en las citaciones de cargos de la Generalitat en julio de 2017 en la comandancia de la Guardia Civil en la capital catalana por los preparativos del 1-O.

   Según el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la sala acuerda estimar el recurso de apelación presentado por la asociación de juristas Drets y que se admitan a trámite su querella y la denuncia que presentó la Generalitat para que se investigue si pudo haber un delito de falsedad en documento público por parte de los agentes del Instituto Armado.

   La cuestión se centra en determinar si las citaciones de la Guardia Civil se hicieron bajo el paraguas de la instrucción que lleva el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona sobre el 1-O, tal y como reflejaba el documento entregado a los citados como testigos, ya que en una nota de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) se afirmaba que las diligencias eran de policía judicial y no habían sido solicitadas por dicho magistrado.

   Ahora la Audiencia reclama al titular del Juzgado de Instrucción 32 que exhorte al de Instrucción 13 para que aclare si el 21 de julio de 2017 --cuando se hicieron las citaciones-- estaba investigando la participación de cargos como el exsecretario de Presidencia de la Generalitat Joaquim Nin, el exdirector general de Atención Ciudadana Jordi Graells, el director de Comunicación, Jaume Clotet, y otros cargos por la adquisición de dominios y la creación de la web del Pacte pel referèndum.

   También que se pregunte si en el marco de las diligencias que tenía abiertas, tras una querella por supuestas revelaciones del exsenador de ERC Santi Vidal, se había encomendado a la Guardia Civil la investigación de algún hecho, y si entre estos estaba la convocatoria del referéndum.

   El Juzgado de Instrucción 32, al que le tocó decidir sobre la querella de Drets, la inadmitió al considerar que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito, si bien ahora la Audiencia opina que hay que practicar varias diligencias antes de archivar puesto que "sin practicar ninguna diligencia de instrucción no cabe descartar la posibilidad de la tesis inculpatoria".

DELITOS RECHAZADOS

   La Audiencia, sin embargo, descarta que la Guardia Civil cometiera usurpación de funciones ya que "a veces es inevitable por cuestiones puramente logísticas y organizativas" que se establezcan amplias delegaciones de facto de la Policía Judicial cuando investiga.

   Tampoco acepta que puedan haberse producido delitos contra los derechos individuales, violación de secretos o de obstrucción a la justicia.

   Respecto al delito de falsedad documental, considera que debe investigarse puesto que "existe una aparente contradicción" entre las citaciones de la Guardia Civil, y la nota del TSJC que descartaba que el juez hubiera ordenado las citaciones y un auto de dicho juez que rechazaba la personación de la CUP y aseguraba no estar investigando la convocatoria de un referéndum.

"UN PASO ADELANTE"

   Sobre la decisión de la Audiencia, Drets ha destacado que es "un paso adelante para desenmascarar la cruzada judicial que emprendió el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona el verano pasado contra la causa independentista".

   En un comunicado remitido este martes, asegura que puede comportar que las declaraciones como testigos e investigados de los trabajadores y funcionarios de la Generalitat ante la Guardia Civil a partir del 21 de julio "puedan ser declaradas nulas".

   Considera que en función de la respuesta del juez del 13 se podrá determinar si la Guardia Civil "actuaba sin orden judicial (y en este caso deberían declarar los agentes policiales como querellados por un delito de falsedad documental) o si fue el juez el que faltó públicamente a la verdad y en realidad estaba instruyendo una causa general contra el movimiento independentista".

   En este segundo caso, Drets ha asegurado que no descarta presentar una querella contra el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer por prevaricación y falsedad.