BARCELONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Autoritat Catalana de Protecció de Dades se ha desmarcado este viernes de la alerta de la Agencia Española de Protección de Datos de que los miembros de mesas electorales pueden exponerse a sanciones de hasta 300.000 euros el 1-O, y ha asegurado que "en ningún caso" se les puede multar.
En un comunicado, ha asegurado que los miembros de las mesas electorales "no son responsables del tratamiento de los datos personales, ya que tal condición la ostenta la administración electoral correspondiente": según la ley del referéndum, el responsable del censo es el Govern.
"Las eventuales responsabilidades derivadas del tratamiento de datos personales llevada a cabo por las personas que integran las mesas no recaería nunca en estas personas", sino en la autoridad electoral, si se diera el caso.
También reivindica que el control del uso que hace el Govern de los datos personales corresponde precisamente a la Autoritat Catalana de Protecció de Dades y, en consecuencia, es "la institución competente para exigir las eventuales responsabilidades a la Generalitat".
"No sería la Agencia Española de Protección de Datos, sino la Autoritat Catalana de Protecció de Dades" la que analizaría el uso de los datos y, en ningún caso se plantearía multar a los miembros de las mesas, dice el organismo catalán.
