Tratará los sueldos de TMB en una comisión extraordinaria y también revocar la Medalla a Martín Villa
BARCELONA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -
La comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad de Barcelona abordará este miércoles la memoria justificativa para la comercialización pública de energía eléctrica a través de la empresa pública Tractament i Selecció de Residus SA (Tersa) para poner en marcha esta actividad, que deberá aprobarse definitivamente en el pleno del 31 de marzo.
La misma comisión aprobó de forma inicial en diciembre esta memoria justificativa de esta actividad económica en régimen de libre competencia, y también modificar los estatutos de Tersa, con participación mayoritaria municipal, para que pueda prestar esta actividad.
Por otro lado, los grupos debatirán en la comisión de Presidencia la aprobación inicial de la modificación de las ordenanzas de Cementerios y de Servicios Funerarios para fomentar la entrada de nuevos operadores a la ciudad, que se someterán a información pública 30 días si prospera.
MEDALLA A MARTÍN VILLA
La misma comisión de Presidencia tratará retirar la Medalla de Oro de la Ciudad al exvicepresiente del Gobierno central Rodolfo Martín Villa, tras debatir la desestimación de las alegaciones que él presentó, cuestionando la falta de motivación de la retirada de la condecoración y destacando su voluntad de declarar ante la justicia argentina en la causa abierta por el Suceso de Vitoria.
La medalla fue concedida al también exministro de Gobernación tras un acuerdo del pleno municipal en 1976, y el pleno deberá aprobar definitivamente la revocación, por la que abogó el teniente de alcalde Jaume Asens el pasado mayo al conmemorar los 30 años de los Sucesos de Vitoria, en los que murieron cinco personas y otras 150 resultaron heridas por la actuación policial durante una jornada de huelga.
Además, el consistorio celebrará una comisión extraordinaria de Ecología, Urbanismo y Movilidad para abordar los sueldos de directivos de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), medida impulsada por el Gobierno municipal y exigida por otros grupos tras conocerse que tres de ellos percibieron sueldos brutos anuales de más de 200.000 euros entre 2007 y 2011.
