Barcelona defiende un salario de ciudad de al menos 1.000 euros y pide diálogo social y empresarial

 

Barcelona defiende un salario de ciudad de al menos 1.000 euros y pide diálogo social y empresarial

Gerardo Pisarello, Joan B.Casas y Vicenç Terrats
EUROPA PRESS
Actualizado 24/03/2017 12:33:13 CET

   Un estudio establece que debería ser de 1.088 en Barcelona y de 1.048 en el global del AMB

   BARCELONA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha defendido este viernes que administraciones y sectores empresariales y sindicales trabajen para acordar un salario de referencia para Barcelona o su área metropolitana de al menos 1.000 euros al mes.

   "No nos podemos permitir que nadie en Barcelona gane menos de 1.000 euros por su trabajo. Con las condiciones en que estamos, no es bueno ni para el ámbito del trabajo ni para la economía", ha asegurado en la apertura de la jornada 'Viabilidad y repercusiones del establecimiento de un salario mínimo de ciudad', organizada por el Ayuntamiento, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y el Consell Econòmic i Social de Barcelona (Cesb) en el Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC).

   Ha asegurado que los sueldos más bajos del Ayuntamiento están por encima de los 1.400 euros y que tiene como herramienta la contratación pública para avanzar en esta dirección, tras lo que ha recordado que la alcaldesa, Ada Colau, pronto firmará un decreto de contratación social y ambiental para premiar a las empresas que paguen por encima de lo establecido en los convenios.

   "Las empresas que lo puedan hacer deben aumentar los salarios", ha asegurado Pisarello, que ha pedido un diálogo social para abordar el asunto y ha señalado que las administraciones deben trabajar pero no sustituir la tarea que deben hacer los sectores económicos, sindicales y sociales, a los que les corresponde la negociación colectiva, ha dicho.

   Ha defendido que el crecimiento económico debe ser sostenible y beneficiar a todos los ciudadanos --también entre barrios y hombres y mujeres-- por justicia y por el bien de la economía, y ha añadido: "Debemos ser capaces de gobernar la revolución tecnológica para que comporte un beneficio para toda la población".

   Junto al decano del CEC, Joan B. Casas, y el presidente en funciones del Cesb, Vicenç Terrats, Pisarello ha sostenido que cuando se han producido revoluciones anteriores ha sido con el sacrificio de muchos ciudadanos, y ha recordado que uno de cada cinco usuarios que acude a los servicios sociales de la ciudad tienen trabajo pero son pobres, los conocidos como 'working poors'.

   Para promover este debate, el AMB ha encargado un estudio para calcular el salario de referencia en el área metropolitana, elaborado por Daleph; otro a AQR-Lab Laboratori de Transferència en Economia Aplicada-Fundació Bosch i Gimpera-Universitat de Barcelona (UB) sobre el impacto de este salario, y otro sobre su viabilidad jurídica, con un dictamen elaborado por el doctor Eduardo Rojo encargado por Barcelona Activa a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

   El estudio sobre el cálculo del salario de referencia estima que, en el AMB, una persona adulta requiere 1.048,87 euros como mínimo para satisfacer mensualmente sus necesidades básicas y vivir dignamente, cifra que aumenta hasta los 1.088,56 euros para la capital catalana y baja a los 1.032 en el AMB sin contar esta ciudad, teniendo en cuenta el precio de elementos como el transporte, la vivienda, la educación, el ocio y la alimentación.

   El cálculo diferencia según tipologías de familias, y establece que una persona sola requeriría en el AMB 1.181,17 euros; una sola con niños, 1.640; una pareja sin hijos, 817 euros cada uno; una con hijos, 1.137 cada uno, y una de tres adultos, 717 euros cada uno, cifras que suben en Barcelona a los 1.251 para personas solas; 1.674 para una sola con niños; 846 para parejas --cada uno--; 1.174 para pareja con hijos, y 731 para un hogar de tres adultos.

   El informe sobre la viabilidad concluye que existe apoyo jurídico en la normativa internacional para poner en marcha un salario mínimo y que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) acepta estos salarios como cláusula de obligado cumplimiento en concursos públicos, pero recoge que la competencia con carácter general es de ámbito estatal y que se debería modificar la normativa para otorgar competencias a autonomías y administraciones locales.

   El que analiza su impacto mediante las consecuencias en casos internacionales --en ciudades de Canadá, Estados Unidos y Japón, entre otros-- concluye que genera ventajas como mejorar la capacidad adquisitiva y de consumo de los trabajadores; reducir la pobreza y la desigualdad, y eliminar la necesidad de algunas ayudas sociales, aunque también señala riesgos como el aumento del abandono escolar, traspasar la subida de los costes laborales a los precios y un incremento de la economía sumergida.

   Prevén crear un grupo de trabajo en el marco del Cesb tras las conclusiones de los estudios y con los agentes implicados, para reflexionar sobre la vinculación entre la calidad del empleo y el salario mínimo y proponer actuaciones al respecto, en el que participarán patronales, sindicatos, Ayuntamiento y AMB.

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