Se valorarán los proyectos con perspectiva de género y se fomentará la transparencia
BARCELONA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto este jueves el plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria general de subvenciones para 2017, que finaliza el 2 de febrero, y que prevé destinar 20,8 millones de euros a entidades y asociaciones de la ciudad, un 19% más que en 2016.
En un comunicado, el consistorio ha explicado que se han abierto nuevas líneas de subvención destinadas al derecho de asilo, además de reforzar el ámbito educativo y mantendrá la valoración de la perspectiva de género.
En relación a los derechos de la ciudadanía, se financiarán proyectos dirigidos al derecho de asilo y refugio, los derechos y capacitación digital, además de iniciativas para promover la transferencia y aprendizaje de culturas diversas.
En el ámbito educativo se financiarán proyectos dirigidos a las entidades sociales y educativas para una Barcelona "educadora e inclusiva", así como a proyectos de investigación educativa y para la innovación de la enseñanza.
Además, en el campo de la participación ciudadana se pondrán en marcha líneas de ayuda para fomentar la participación inclusiva, la participación en centros de secundaria y bachillerato y para desarrollar infraestructuras digitales para la mejora de la participación ciudadana.
Este 2017 también continuará la valoración con un máximo de 0,5 puntos de la perspectiva de género en los proyectos presentados, con el objetivo de premiar a las entidades, asociaciones y empresas que trabajan por la igualdad.
La convocatoria fija la obligatoriedad de justificar que no se ha sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias condenatorias por haber ejercido o tolerado prácticas discriminatorias por razón de sexo o género según la ley 17/2015 de igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
Las bases también exigen que las entidades que reciban ayudas superiores a 10.000 euros cumplan las obligaciones derivadas de la ley de transparencia y se sometan a la fiscalización de la Oficina de Transparencia y Buenas Prácticas del Ayuntamiento de Barcelona.
