La Urbana no lo precintará si incumple porque en casos entre administraciones lo decide un juzgado
BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)
El Ayuntamiento de Barcelona ha emitido este miércoles la orden de precinto del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca, y prevé llevar a la Audiencia Nacional al Ministerio de Interior si incumple esta orden, ha anunciado el teniente de alcalde Jaume Asens en rueda de prensa.
Junto al gerente de Recursos, Joan Llinares, Asens ha explicado que, tras esta orden de precinto, el CIE tendrá dos meses para abandonar las instalaciones, y ha defendido que la orden de cese que emitió julio es firme y de obligado cumplimiento, porque el Ministerio no la recurrió, pero el equipamiento sigue en funcionamiento.
Esta orden de precinto es el trámite administrativo imprescindible antes de que el Ayuntamiento pueda llevar lo que ve un caso de incumplimiento de la normativa municipal a los tribunales, ha detallado Asens, que ha dicho que son "conscientes de que muy probablemente el Ministerio siga con esta actitud de desatención y desobediencia".
Han contactado este mismo miércoles con la Delegación del Gobierno para comunicar la situación --aunque no han podido con el delegado, Enric Millo--, y Asens ha avisado de que el incumplimiento de la orden de cese por falta de licencia de actividad y de medidas de seguridad por parte del Ministerio "frivoliza la seguridad de las personas del CIE, con internos, trabajadores y usuarios. No se puede hacer política con la seguridad".
MEDIDAS CAUTELARES
Preguntado por los medios, Asens ha avanzado que ni la Guardia Urbana ni técnicos municipales precintarán el CIE si no cierra en estos dos meses de plazo, porque en los casos entre administraciones se debe resolver en los tribunales la disconformidad, según Llinares, que ha dicho que el proceso judicial puede alargarse entre un año y año y medio, pero que prevén pedir medidas cautelares.
Asens ha defendido que lo lógico sería que fuera el Ministerio el que pidiera las medidas cautelares para evitar el precinto y no el Ayuntamiento para que se haga efectivo, pero el Gobierno de Ada Colau ha "perdido la inocencia en relación a la actitud de lealtad institucional de la administración, por eso confiamos poco en que haga cualquier movimiento, porque ha mantenido una actitud pasiva".
"DESCONEXIÓN DE LA LEGALIDAD"
"Nos parece un acto de menosprecio al derecho y al Ayuntamiento y un acto, si se permite la ironía, de desconexión de la legalidad vigente en materia de licencias de actividad", ha sentenciado Asens, a lo que Llinares ha añadido que el Ministerio del Interior está en situación de ilegalidad desde que la orden de cese de actividad fue firme cuando no la recurrió.
Han emitido esta orden de precinto tras disponer de un informe del catedrático de Derecho Administrativo de la Universitat de Barcelona (UB) José Esteve Pardo, que avala las tesis del Ayuntamiento y le "inviste de mayor autoridad", según Asens, quien ha asegurado que la necesidad de que el CIE disponga de licencia de actividad es algo indiscutible, y que lo que se dirimirá en la Audiencia Nacional es si su precinto es proporcional.
"Tenemos muy claro que tenemos la ley de nuestro lado", porque es muy clara en la cuestión de la licencia, ha insistido Asens, a lo que Llinares ha agregado que el informe destaca que un caso similar con un equipamiento distinto en Tarragona determinó que la licencia era necesaria para cualquier persona física o jurídica y privada o pública.
Entre otras conclusiones, el informe también señala que las condiciones del CIE deben adecuarse a la normativa del municipio en el que está ubicado, según su propio reglamento, y que el hecho de que los CIE no se especifiquen como tales en la normativa de obras y servicios que requieren licencia no es suficiente para no pedirla porque afecta a la seguridad, ha detallado Llinares.
Preguntados por el hecho de que un juez denegara el permiso al Ayuntamiento para inspeccionar el CIE en julio, Esteve ha resaltado que el juez no se pronunció sobre el asunto de fondo sino sobre la inspección en concreto, y ha sostenido que ahora "el panorama jurisdiccional es muy diferente" y se dirimirá en la Audiencia Nacional.
Asens ha anunciado que organizarán el 7 de abril en el Colegio de Abogados de Barcelona (Icab) una jornada sobre las alternativas al internamiento en estos centros, que ve como agujeros negros de la democracia, y ha señalado que grupos municipales apoyan la actuación del Gobierno municipal, que pretende evitar "más muertes en el CIE de la Zona Franca, más incidentes y más denuncias de vulneraciones de Derechos Humanos".
