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BARCELONA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -
Un juzgado de Manresa ha condenado al vicepresidente primero de la Diputación de Barcelona y alcalde de Cercs, Ferran Civil (CiU), a un año de cárcel y a ocho de inhabilitación por haber permitido en 2006 la construcción ilegal de unas naves industriales en el paraje de la Mina de Sant Josep de este municipio.
En la sentencia recogida por Europa Press, el Juzgado Penal 1 de Manresa condena concretamente al alcalde como autor de un delito sobre la ordenación del territorio y de otro como "cooperador necesario".
Civil permitió al empresario del sector agroalimentario Pedro Miguel A., también condenado, construir estas naves y le dijo que "no tendría ningún tipo de obstáculo del Ayuntamiento" pese a saber que se levantaban en un suelo no urbanizable, de valor agrícola y ganadero.
El empresario, "sin solicitud de previa licencia y con el conocimiento y consentimiento" del alcalde, construyó tres naves industriales de unos 300 metros cuadrados cada una, a sabiendas de que no podía por ser contrario a la normativa urbanística, y que solo estaba permitidas construcciones de uso agrícola y ganadero en consonancia con el paisaje pero no industrial; además, en 2006 se aprobó un régimen incluso más restrictivo.
La plantas que levantó el empresario estaban destinadas a la industria alimentaria, concretamente para la elaboración y manipulación de productos relacionados con la micología, algo que no permitía el planeamiento municipal.
También tuvo conocimiento de la ilegalidad la arquitecta municipal, María del Carmen C., pese a lo que emitió un informe donde hizo constar que las obras solicitadas se ajustaban a las normas urbanísticas vigentes, sabiendo la edificación iba a ser para uso industrial y no respetaba la consonancia con el paisaje; por eso ha sido condenada a una multa de unos 2.200 euros.
ORDENA SU DEMOLICIÓN
Este informe lo dio por bueno el secretario municipal, Pau L., pese a saber que no estaba permitida la construcción, y participó en el informe municipal, con lo que ha sido condenado por el mismo delito a idéntica multa que la arquitecta.
La juez ha condenado al empresario a seis meses de cárcel por el mismo delito sobre la ordenación del territorio, y además ha ordenado la demolición de todas las construcciones y edificaciones.
