BARCELONA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN) ha concluido este lunes sus trabajos con la entrega al Govern de ocho informes y, según su presidente, el constitucionalista Carles Viver Pi-Sunyer, ha quedado demostrado que el proceso soberanista "es perfectamente posible y técnicamente se puede hacer, es viable".
Así lo ha asegurado en rueda de prensa junto al conseller de Presidencia, Francesc Homs, en el Palau de la Generalitat, al finalizar un encuentro que ha mantenido el CATN al que también ha asistido el conseller de Justicia, Germà Gordó.
Con la entrega de estos informes, el CATN acaba con 15 meses de trabajos, y según su presidente, durante este periodo se ha reflejado que aunque el proceso soberanista necesita tiempo, sería viable al menos a nivel técnico "pese a las dificultades" que hay sobre la mesa.
En total, se han presentado ocho informes, que suman exactamente 1.366 páginas, sobre asuntos diferentes: Seguridad Social, defensa, relaciones comerciales entre un eventual Estado catalán y el resto de España, autoridades reguladoras y otras estructuras administrativas que deberían crearse para cumplir con las normativas europeas, integración en la comunidad internacional, poder judicial, sucesión de ordenamientos y viabilidad fiscal y financiera.
Si prospera la secesión, el CATN augura una caída de hasta el 2% del Producto Interior Bruto (PIB) como consecuencia de un boicot por parte del resto de España, y una secesión unilateral y sin acuerdo con el Estado tendría un coste inicial de entre 4.500 y 5.000 millones de euros al mes.
SIN CONCRECIONES EN DEFENSA
En cuanto a defensa, el informe no concreta si un eventual Estado catalán debería tener ejército o no: sí que dice que deberían reforzarse las funciones de los Mossos, coordinarse más con las policías locales, fomentar las relaciones con Estados Unidos, ser miembro de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) y valorar el papel que tiene en la actualidad la OTAN a favor de la paz.
Sobre Seguridad Social, los expertos aseguran que sería viable, y también piden crear un ente regulador especializado en los diferentes sectores que la UE exige crear en sus normativas, que tendría carácter multisectorial: energía, telecomunicaciones, transporte ferroviario, sistema financiero, correos y residuos nucleares.
Concluyen también que una declaración unilateral de independencia no es ilegal de acuerdo con el derecho internacional, "aunque pueda contradecir de forma clara el derecho interno" del Estado al que se pertenecía hasta la secesión, y detallan qué procesos debería seguir Catalunya para ingresar en organismos multilaterales internacionales, como la ONU, el FMI, el Banco Mundial, la FAO, la OMS, la Unesco y el Consejo de Europa, entre otros.
Sobre la administración judicial, aseguran que lo mejor sería que en el periodo de Transición se reforzase la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y que sea una eventual Constitución quien determine las características del nuevo sistema.
Sobre ámbitos en los que el Parlament nunca ha regulado porque no tiene competencias, abogan por aprobar una ley provisional para que hasta que no se legisle al respecto, en un primer momento siga vigente la legislación española en estas respectivas áreas.
