Alertan de que el Mediterráneo se ha convertido en "la frontera más mortífera del mundo"
BARCELONA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado (CCAR) ha pedido este viernes a los partidos políticos catalanes que se sumen a un Pacto de Estado por los Refugiados, propuesto por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ante el drama de los 70 millones de refugiados y desplazados que se calculan actualmente, y el porcentaje "ínfimo" asumido por España.
Lo ha explicado el presidente de CCAR-CEAR, Miguel Pajares, en rueda de prensa en Barcelona acompañado de la directora de la entidad, Ester Pareja, y del testimonio de Awa, un hombre que huyó de Kenia porque era perseguido por motivo de su orientación sexual y que fue detenido en un centro de internamiento de extranjeros en Holanda antes de llegar a España, ante lo que han alertado de "xenofobia" en Europa que convierte en sospechosos de terrorismo personas solicitantes de protección.
El pacto de Estado tendría que servir para "asentar el derecho de asilo", con un desarrollo del reglamento de aplicación de la ley de asilo de 2009, así como que se dote a ésta de una partida en los Presupuestos del Estado, y la creación de vías seguras y legales, como la posibilidad de pedir el visado en embajadas y de no necesitar visados de paso desde países en conflicto.
Pajares ha requerido estas vías seguras ante la constatación de que el Mediterráneo se ha convertido en "la frontera más mortífera del mundo", ha añadido la directora, ante el récord lamentable de 5.000 muertos en 2016, a los que han dicho que hay que sumar todos los que puede haber no registrados, y con una tendencia que se mantiene en 2017, con 1.808 hasta la fecha.
También han pedido que todos los partidos firmen a favor de dar un enfoque de género sobre las peticiones de protección internacional, que se financie de forma sostenible la acogida y que se elabore un plan estratégico de acogida, junto a que se realicen políticas públicas favorecedoras de la convivencia.
El Pacto serviría para rechazar acuerdos con terceros países a los que la Unión Europea paga para "contener" a los refugiados, lo que han llamado como externalización de fronteras, y contemplaría agilizar las resoluciones de asilo y potenciar el reasentamiento --traer a refugiados desde países de fuera la UE--.
Pajares ha lamentado el incumplimiento del compromiso de España de reubicar --desde otros países de la UE-- y reasentar a un total de 17.300 refugiados, que hasta la fecha han sido solo 1.304 personas y terminará en septiembre el plazo: "En el mejor de los casos serán 400 más", ante lo que ha recordado que los Estados europeos tienen la obligación de seguir reubicando a pesar de que se termine este acuerdo.
21.000 A LA ESPERA
El Informe Anual de Cear 2017 recoge que en 2016 se registraron 15.755 solicitudes de protección internacional, 894 más que el año anterior, y que se resolvió favorablemente el 67%, mientras que el año anterior eran favorables solo un 30%: "No pensamos que sea un cambio de tendencia, sino un tema coyuntural", ha dicho Pareja.
La directora ha atribuido el cambio porcentual a que en el año pasado se aprobaron más solicitudes de personas sirias, ante el hecho de que el Estado reconoce con más facilidad las solicitudes relativas al conflicto de Siria --la mayoría, 6.215--, y no da esta misma protección a personas que huyen de "sangrantes conflictos" como el Ucrania y Mali, muchas en espera.
El reconocimiento del estatuto de refugiado apenas alcanzó a 355 personas, frente a las 220 de 2015, el 3,4% del total de las afectadas por las solicitudes resueltas y que, según esta organización, es un porcentaje "muy alejado" de los de otros países del entorno: Alemania (41%) o Francia (21%).
Pareja ha lamentado que la media de espera para la resolución de las solicitudes es de dos años y medio, por lo que en todo el Estado hay 21.600 personas esperando a que se resuelva su situación, y en declaraciones a Europa Press ha añadido que las oficinas de Catalunya en la que hacer la petición siguen en situación de colapso, a pesar de que el Gobierno central anunciara un refuerzo.
La CCAR-CEAR ha lamentado la situación de la frontera sur española, desde donde aseguran que se hacen devoluciones en caliente ilegales, y han cuestionado que no se haya hecho ninguna solicitud de refugiado desde Tarajal en 2016.
