BARCELONA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -
La patronal vallesana Cecot ha asegurado que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha desviado para otros usos un total de 1.300 millones de euros entre los ejercicios 2014 y 2016 de los fondos aportados por empresas y trabajadores para la formación (un 0,7% sobre la base de cotización).
"Si la Administración no garantiza el uso de los fondos que generamos empresas y trabajadores para la formación, al final tendremos que plantearnos dejar de hacer las aportaciones al fondo", ha destacado en un comunicado el presidente de Cecot, Antoni Abad.
Cecot, con el apoyo de una decena de asociaciones empresariales a nivel estatal y de la Confederación Sindical de CC.OO., mantiene un litigio con el Gobierno para que especifique las cantidades procedentes de las cuotas dedicadas a formación que no se han dedicado para este fin.
Primeramente, la patronal se dirigió al Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, y éste derivó el tema a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, al considerar que el ámbito de queja de la patronal era estatal.
En noviembre del año pasado, el Ministerio de Empleo admitió por escrito a la Defensora del Pueblo que en 2015 dejó de gastar 273 millones de euros correspondientes a Formación y que en 2016 se incorporaron unos 33 millones al remanente existente a finales de 2015.
En este sentido, las patronales argumentan que queda sin explicar el uso dado a los 240 millones restantes, que se reconocen como excedentes del ejercicio 2015 de la cuota finalista de formación profesional para el empleo.
Además, Cecot ha añadido que de los más de 2.047 millones presupuestados para formación en 2015 resta un remanente de 448 millones de los que se desconoce su uso, así como de otros 530 millones de 2016.
La patronal ha explicado que en el informe del 4 de noviembre de 2016 que el Secretario de Estado remite a la Defensora del Pueblo deja a entender que la Administración pretende "seguir utilizando los fondos de la cuota de formación profesional, que pagan empresarios y trabajadores, para otros fines que la Administración decida políticamente, y que para ello no se siente obligada a reanualizar o reutilizar sus remanentes".
Debido a que los agentes sociales defienden que la cuota no es un tributo previsto como tal en la Ley General Tributaria, ni un ingreso de las Administraciones o sus organismos autónomos para sufragar sus gastos de forma general, volvieron a remitir un escrito a la Defensora del Pueblo el 6 de febrero de este 2017 para recordar que "la cuota de formación profesional es una cotización vinculada a la relación laboral".
"El hecho de que una vez recaudada se ponga a disposición del Servicio Público de Empleo Estatal para que éste gestione y aplique a los fines para los que se cobra, no quiere decir que constituya un ingreso desafectado aplicable a cualquier otra cosa, ni a cubrir los gastos generales de este organismo", han defendido.
