Cinco años de prisión para Antoni Marsal por apropiarse de fondos de formación de la UPM

El expresidente de UPM Antoni Marsal
Europa Press
Publicado 11/11/2016 11:12:44CET

BARCELONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Barcelona ha condenado al expresidente de la Unión Patronal Metalúrgica (UPM) --la principal organización empresarial del sector del metal de Catalunya-- Antoni Marsal a cinco años y diez meses de prisión, una multa de 382.400 euros y una indemnización de 745.045 euros por apropiarse de fondos de la entidad destinados a cursos de formación.

En la sentencia, recogida por Europa Press, el tribunal condena a Marsal, que presidió la entidad entre 2006 y 2012, a dos años y diez meses de cárcel por falsedad en documento mercantil y a otros tres años por apropiación indebida, además de que le prohíbe durante seis años a obtener subvenciones y ayudas públicas, y a gozar de beneficios fiscales y de la seguridad social.

La Audiencia condena al que fue director general de la UPM Ángel Hermosilla entre 2007 y 2012 a siete meses de prisión y 2.100 euros de multa por un delito de inducción de un delito de falsedad en documento mercantil, y se absuelve al resto de acusados en este proceso: la que fue responsable del departamento de formación Magdalena Grau; la que fue responsable de administración Cristina Isabel López, y el contable Ángel Blesa.

La sentencia considera probado que Marsal, "con intención de obtener beneficio patrimonial", confeccionó facturas a nombre de una sociedad para poder desviar en su propio beneficio fondos de la UPM que debían destinarse a cursos de formación.

Así, Marsal, entre mayo de 2010 y marzo de 2012 consiguió que se efectuasen transferencias de la cuenta de la UPM a una cuenta suya por valor de 381.222,60 euros, según recoge la sentencia.

Para el tribunal, la UPM obtuvo subvenciones de la Administración del Estado y de la Generalitat que debían destinarse a cursos de formación y parte de este dinero "se ha utilizado para el beneficio personal de aquellos que lo distrajeron y lo incorporaron a su propio patrimonio".

Critica que esto supone un "fraude y engaño" a las instituciones que dieron la subvención y a la que la recibía --la UPM-- al haberse falseado y utilizado en beneficio propio una actividad prevista para dar respuesta a demandas sociales y económicas de personas.

"En resumen, se ha utilizado un sistema público de ayudas para enriquecerse personalmente, lo que lesiona, además del patrimonio público, la eficacia y buen funcionamiento de las instituciones".

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