La comisión de estudio sobre la conexión de la Diagonal y el tranvía se reunirá la próxima semana
BARCELONA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha detallado este viernes que el Metro ha registrado desde el inicio de la huelga de Metro de los lunes a finales de abril 1,4 millones de validaciones menos y un impacto económico de 546.000 euros para Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).
Colau ha garantizado que su equipo comparte la preocupación por la situación en el Metro --cuyos trabajadores plantean hacer huelgas por la Mercè y la Diada-- y está "volcado" en el asunto, ha asegurado en el pleno municipal a preguntas del líder municipal del grupo Demòcrata, el exalcalde Xavier Trias.
Trias ha tachado la situación laboral en el Metro de gravísima y ha exigido al Gobierno municipal que se ponga las pilas para desencallar la situación: "Llegaremos al Mobile y todos a correr, cuando el problema no es el Mobile sino que se afecta a las personas", ha avisado a Colau, que ha presidido el pleno aunque sigue de permiso de maternidad.
Colau ha elogiado el trabajo llevado a cabo por la mediación de la Generalitat y ha replicado a Trias que su Gobierno municipal está tan o más preocupado por la huelga que su grupo: "Seguiremos trabajando con toda intensidad, porque las bases para el acuerdo están", ha zanjado.
Carina Mejías (Cs) ha pedido a Colau un protocolo para garantizar la seguridad de los vigilantes del Metro, ante lo que Colau ha detallado que las lesiones a este colectivo han descendido bajando de 1,78 por cada 10.000 a 1,54 el año pasado, y que la contratación de servicios de seguridad ha implicado una disminución del vandalismo, de 852 casos en 2015 a 490 en 2016.
La CUP ha pedido medidas ante la masificación del transporte público, que se debe a su vez a la masificación turística, según la concejal de Movilidad, Mercedes Vidal, quien ha abogado por "atacar las causas, y no sólo las consecuencias", y ha recordado que han destinado 1,2 millones de la tasa turística a aumentar el servicio de autobuses, y que reforzar el Metro no depende sólo del Ayuntamiento, en referencia al Govern, al que ha vuelto a pedir el 100% de la tasa turística.
CONEXIÓN DEL TRANVÍA
El portavoz del grupo Demòcrata, Joaquim Forn, ha preguntado por la comisión de estudio sobre el transporte público en la avenida Diagonal, aprobada en marzo, y la teniente de alcalde Janet Sanz ha asegurado que se reunirá la próxima semana "para empezar a hacer caminar la comisión".
Ha sostenido que los estudios hasta ahora realizados, incluido el encargado por la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) servirán para estudiar el asunto con rigor y sin apriorismos ideológicos, y Forn ha avisado: "No queremos que se alargue más de la cuenta o que se nos tome el pelo y la comisión no sirva para nada".
VIVIENDA
El pleno también ha aprobado ceder al Patronato Municipal de Vivienda solares ubicados en la Marina del Prat Vermell, Trinitat Nova y Poblenou para destinarlas a la construcción de edificios de covivienda; ceder otro solar en Sarrià para viviendas de protección en régimen de alquiler, derecho de superficie y afectados urbanísticos, y ubicar pisos protegidos dotacionales en alquiler en un solar del Besòs i el Maresme.
La cesión de solares para covivienda se ha aprobado con el apoyo del Gobierno de BComú y PSC y también del grupo Demòcrata, Cs y el concejal no adscrito, mientras que la CUP se ha abstenido y ERC y el PP han votado en contra, porque consideran que el suelo público debe destinarse a vivienda de alquiler asequible.
El cedido en Sarrià, en la calle Via Augusta, ha contado con el apoyo de todos los grupos excepto la abstención de PP, ERC y la CUP, porque rechazan que se destine parte al derecho de superficie, mientras que la medida para constituir un derecho de aprovechamiento a favor del Patronato en Besòs Maresme ha prosperado con el voto a favor de todos menos la CUP, que se ha abstenido.
El pleno también ha presentado una declaración institucional para cambiar la Ley 37/1991 del IVA para diferenciar entre las subvenciones vinculadas al precio y las aportaciones realizadas por las administraciones públicas para la gestión de servicios público, y se ha instado a los partidos en el Congreso a llevar a cabo el cambio "lo más pronto posible".
