El Colegio de Abogados advierte que la tasa judicial puede crear una justicia de pobres y ricos

Actualizado 25/01/2012 21:13:54 CET

Afirma que el coste de los procesos será doble en Catalunya

BARCELONA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), Jesús Sánchez, ha advertido en declaraciones a Europa Press que la tasa judicial que ha anunciado este miércoles el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, puede crear una justicia "de pobres y ricos".

"No es serio que en un Estado los costes de un procedimiento judicial hagan inviable el derecho de tutela judicial de los tribunales", por lo que ha protestado que al final la clase media será la más perjudicada.

Además, ha explicado que si sale adelante el proyecto de ley de acompañamiento de los presupuestos catalanes del 2012 que tiene que votarse en febrero, el coste de tasas será doble en Catalunya porque, además de las empresas --como ya prevé la ley española--, los particulares tendrán que pagar en los recursos civiles y contenciosos-administrativos.

Sánchez ha avisado de que, aunque el anuncio de Gallardón aún no ha sido concretado, el Colegio se opone a cualquier tasa porque consideran que "la tutela judicial tiene que ser gratuita", por lo que ha pedido que sea transitoria en el caso de que se imponga por la falta de recursos.

La defensa de la Justicia gratuita ha llevado al ICAB a presentar junto al Colegio de Abogados de Catalunya, el Colegio de procuradores de Barcelona y el de administradores de fincas a presentar propuestas de enmiendas a los partidos políticos y a la consellera Pilar Fernández Bozal.

Con la transitoriedad de la eventual tasa, proponen que no se tenga que abonar al pedir la ejecución de una sentencia ya que "es incomprensible que en un Estado de derecho se tenga que pagar para pedir el cumplimiento de una sentencia".

En un tercer punto, también piden la exención de este pago para las personas físicas cuando se trate de desalojos por impago.

Sánchez ha querido recordar que la tasa que propone Gallardón será una ampliación de las ya previstas en la ley de 2002 que se aplican sólo a empresas en los procedimientos civiles y contenciosos-administrativos.

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