BARCELONA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, el conseller de Salud de la Generalitat, Antoni Comín, y el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona Jaume Collboni presentarán este miércoles la candidatura barcelonesa para acoger la Agencia Europea del Medicamento (EMA, en sus siglas en inglés) en un acto en Bruselas.
De esta forma, se mantendrá la unidad institucional exhibida por los tres dirigentes desde la gestación de la candidatura catalana, apoyada por científicos, empresarios y numerosos miembros de la sociedad civil como la asociación Barcelona Global, que en julio llenó el auditorio del Hospital Clínic con 600 personas.
Pese a las tensiones políticas existentes, Montserrat, Comín y Collboni han defendido la candidatura catalana sin fisuras y de forma incansable, asegurando que la barcelonesa es la mejor opción a nivel técnico, y también teniendo en cuenta que una encuesta entre los trabajadores de la EMA revelaba una preferencia de los empleados por la capital catalana.
Para sumar motivos, el Ayuntamiento de Barcelona presentó en verano la Torre Agbar como sede para albergar la institución europea, que dejará Londres una vez se haga efectivo el Brexit.
La situación política catalana ha dificultado encontrar una fecha para llevar a cabo la presentación, que debía producirse en septiembre o principios del mes de octubre, y que tendrá lugar en la sede de la Representación Permanente de España ante la UE.
Además, también está prevista la asistencia de la directora de la Agencia Española del Medicamento, Belén Crespo, y de técnicos del ámbito farmacéutico español y europeo.
Los organizadores han invitado también a eurodiputados, a los embajadores del resto de Estados miembro ante la Unión Europea, a representantes de las instituciones europeas y a medios de comunicación.
La reunión se produce también un día después de que los Veintisiete tengan la primera "discusión política" sobre las 19 ciudades candidatas a albergar la EMA y las otras ocho que aspiran a acoger la Autoridad Bancaria Europea (EBA), cuando ambas organizaciones abandonen Londres en marzo de 2019 a causa del Brexit.
La decisión definitiva la tomarán los Veintisiete el 20 de noviembre en un consejo de ministros de Asuntos Generales de la UE, pero se espera que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE traten también el asunto en la cumbre que celebran a finales de esta semana en Bruselas.
CRITERIOS TÉCNICOS, NO POLÍTICOS
Hasta ahora, España ha podido defender la candidatura de Barcelona en una reunión de los embajadores de los 27 celebrada el pasado 6 de octubre, durante la que cada delegación con ciudad candidata pudo exponer su proyecto durante tres minutos.
Se trató de presentaciones "técnicas" en las que el embajador español pudo evitar cualquier referencia a la situación política en Catalunya y ninguno de sus colegas preguntó por ello, según informaron distintas fuentes a Europa Press.
En las últimas semanas desde las instituciones europeas se ha reconocido de manera informal que la UE sigue la situación en Catalunya "con preocupación", pero que considera la cuestión un asunto "interno" que debe resolver España dentro de los límites que marca su Constitución.
La discusión en el seno de la UE sobre las futuras sedes se ha limitado a la evaluación de exigencias "técnicas y objetivas" cuyo cumplimiento ha verificado la Comisión Europea, lo que ha permitido dejar fuera del debate formal el contexto político.
SEIS CRITERIOS EN EL INFORME DE BRUSELAS
El informe de Bruselas se basa en seis criterios específicos pactados por los 27 y que recogen desde la garantía de que la agencia podrá asumir sus funciones de inmediato tras el Brexit en su nueva sede, hasta las buenas conexiones y la oferta académica para los hijos de los cerca de 900 empleados que moverá la EMA a su nuevo destino.
También se deberá valorar que la ciudad elegida asegure la continuidad de la actividad de la EMA, que tenga en cuenta el principio de "diseminación geográfica" (España ya tiene otras tres agencias europeas en su territorio) y que ofrezca un acceso adecuado al mercado laboral y a la seguridad social y atención sanitaria para las familias desplazadas.
