Pide esperar a tener la máxima información para pronunciarse
BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Mercè Conesa, ha pedido este jueves no entrar en un "juego oportunista" con lo derivado de la posible oferta de compra del Govern del Hospital General de Catalunya (HGC), cuyo propietario es Quironsalud, y ha reiterado su apoyo a todos los trabajadores, con independencia de que sean públicos o de empresas privadas.
Así se ha manifestado en el pleno de la Diputación de Barcelona al final de una moción del PP, que se ha rechazado, sobre la futura expulsión del Sistema Sanitario Integral de Utilización Pública de Catalunya del HGC, de la Clínica del Vallès --en Sabadell--, y la posibilidad de que afecte en un futuro al Hospital del Sagrat Cor, en Barcelona.
Según Conesa, el pleno de Sant Cugat ya ha expresado su apoyo a los trabajadores del HGC y ha defendido que primero es necesario disponer de la última información al respecto y sobre la financiación del sistema sanitario público.
"Yo, que he sido la primera en reclamar a la Conselleria las máximas explicaciones, también soy la primera en ejercer mi responsabilidad en relación a que, si hay novedades y Salud está en disposición de recibir a los alcaldes, tenemos que esperar a tener información para pronunciarnos", ha sostenido.
"No aprovecharé esta institución para defender lo que ya defiendo desde mi posición en el Ayuntamiento", ha remarcado Conesa, cuyo grupo --CiU-- se ha abstenido porque considera que no corresponde al órgano supramunicipal debatir sobre el modelo sanitario catalán, y ve oportunista la moción de los populares.
El presidente del PP en la Diputación de Barcelona, Manuel Reyes, ha cargado contra la decisión "unilateral" del conseller de Salud, Toni Comín, de querer comprar el HGC, le ha preguntado si pueden destinar 50 millones de euros a comprarlo, y si una solución para ahorrarse este dinero no sería evitar que se excluya del sistema público sanitario.
Desde ERC, el portavoz, Jordi Fàbrega, ha defendido la necesidad de encontrar soluciones para sus profesionales y para que el territorio quede satisfecho, y el portavoz adjunto de Entesa, Carles Rodríguez, ve "cínica" la postura del PP y, aunque avala el anuncio de compra, ha pedido a CDC y ERC que se aclaren y consensúen sus decisiones con los municipios afectados.
Para la portavoz socialista, Pilar Díaz, es preocupante apostar por centros que, pese a tener ánimo de lucro, han recibido fondos públicos; María Rovira (CUP) ha exigido una auditoría pública para saber la cantidad de dinero público que ha recibido el HGC, y que Quironsalud lo ceda voluntariamente porque "la sanidad pública ha pagado y repagado este hospital", mientras que el portavoz de C's, Salvador Tovar, cree que la prioridad debe ser recibir la mejor asistencia sanitaria con independencia de cómo se gestione.
RENTA GARANTIDA
En el pleno sí ha prosperado una moción del Grupo de Entesa para declarar la Diputación de Barcelona como institución promotora de la renta garantizada ciudadana con los votos del PSC y la abstención del resto, también de la CUP, que recalcan que este instrumento no aborda las raíces de la pobreza y puede generar "falsas esperanzas".
Mientras Reyes (PP) y Juan Miguel López (C's) han coincidido en destacar las dificultades de implementarla, la socialista Pilar Díaz comparte el "espíritu y la literalidad" de la iniciativa y trabajarán para que se apruebe en el Parlament, y a ello se han aferrado Fàbrega (ERC) y Joan Carles Garcia Cañizares (CiU) para justificar sus respectivas abstenciones, al apuntar que lo lógico sería esperar a que acabara su tramitación parlamentaria antes de aprobar propuestas como esta.
También se ha aprobado otra moción de Entesa --con el apoyo de ERC, PSC y CUP, la abstención de C's y el voto en contra del resto--, de rechazo a la aplicación del TTIP y otras iniciativas como el CETA y el TISA, que Maria Rovira ve como "un nuevo ataque a la poca soberanía que aún queda".
La portavoz socialista ha criticado el "oscurantismo" de las negociaciones y el riesgo de que su aplicación lamine derechos y deje indefensas a las administraciones locales, mientras que el portavoz republicano ha avisado de que se quiere que sean las multinacionales las que regulen la economía y no los ciudadanos.
Por contra, Salvador Tovar (C's) y Xavier Mulleras (PP) han asegurado que el TTIP supondría más actividad económica y una mejora de las exportaciones, y el popular ha aprovechado para advertir a sus detractores de que coinciden en ello con el candidato norteamericano Donald Trump y la presidenta del Frente Nacional francés, Marine Le Pen: "Los populismos de izquierda y derecha muchas veces se juntan".
Desde CiU, Garcia Cañizares ha argumentado que se oponen a la propuesta de Entesa porque desconocen el contenido de los tratados, y que una vez se dé a conocer podrán manifestarse.
