El congreso del PSC abordará dividido la legalidad de los vientres de alquiler

 
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El congreso del PSC abordará dividido la legalidad de los vientres de alquiler

Embarazo jovenes
PIXABAY
Publicado 21/10/2016 15:06:07CET

También debatirá la posibilidad de legalizar el cannabis

BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSC abordará en su congreso la legalidad de la gestación subrogada, popularmente conocida como vientre de alquiler, con una parte del partido que la defiende y otra que la rechaza rotundamente.

Según han detallado fuentes socialistas a Europa Press, se han impulsado dos propuestas de resolución sobre este ámbito --una para cada uno de los posicionamientos-- que se debatirán en el cónclave que el partido celebrará del 4 al 6 de noviembre.

La gestación subrogada es la posibilidad de que una persona o pareja que no puede o no quiere concebir un hijo solicite a una mujer que geste a un bebé y se lo entregue tras el parto, un sistema polémico ilegal en España pero aceptado en otros lugares, como algunos estados de los Estados Unidos.

Una de las propuestas favorables a los vientres de alquiler ha sido impulsada por las agrupaciones barcelonesas de Sant Martí, L'Hospitalet Est y Sarrià Sant Gervasi, que apuestan por inspirarse en el modelo canadiense de gestación subrogada altruista con manutención.

Piden que se regule y controle como una técnica "excepcional" sólo para aquellos casos en los que médicamente se pruebe la incapacidad física de las madres o padres intencionales, abogando por controles de idoneidad de las partes y añadiendo restricciones como la limitación del número de veces --dos embarazos-- y un límite de edad --50 años--.

"Como socialistas, no podemos aceptar ni aceptamos ninguna restricción ni consecuencia que derive del ejercicio del derecho al aborto libre en los plazos de la ley", defienden estas agrupaciones, que también proponen una filiación retroactiva por sentencia en el momento del parto, en la que el Estado sea el garante de todo el proceso.

Además, piden limitar los vientres de alquiler a españoles en países en los que los derechos humanos de los menores y las gestantes estén plenamente garantizados, y promover el cierre de cualquier empresa o agencia española que ofrezca servicios en este sentido fuera del control del Estado: "Regulación sí, pero regulemos con un modelo garantista para todas las partes".

En cambio, una propuesta de resolución impulsada por las agrupaciones barcelonesas de Sant Boi, Esparraguera y Capellades, defiende que "no todo se puede comprar ni vender", y recuerda que los vientres de alquiler están prohibidos en España porque la maternidad y los bebés no pueden ser objeto de comercio.

Además, apuntan al Informe Anual de Derechos Humanos y Democracia en el Mundo 2014, en el que en el punto 115 se condena esta técnica por ser contraria a la dignidad humana de las mujeres, dado que considera que su cuerpo y funciones reproductivas se utilizan como "materia prima" y conlleva explotación financiera.

Este es uno de los puntos más polémicos de los vientres de alquiler, pues los detractores consideran que potencia la desigualdad por clase social: se estima que en los Estados Unidos la compensación es de 20.000 a 35.000 dólares frente a los cerca de 7.000 de la India.

OTRAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN

El congreso del PSC también cuenta con una propuesta de resolución rubricada por la Juventud Socialista de Catalunya-Agrupación de Sant Martí que defiende que el consumo de cannabis es menos lesivo para la salud que el alcohol y tiene efectos terapéuticos: "Hay que controlar, proteger y dar seguridad jurídica a las personas que intervienen en todos los niveles del mercado del cannabis".

Según el Observatorio Europeo de las Drogas 2015, un 11,7% de los jóvenes europeos consumen cannabis, una cifra que en el Estado se eleva al 17% y con una tendencia al alza en los últimos años: "Hay una normalización del consumo del cannabis como pasa con el alcohol y el tabaco".

Aún así, los propulsores de la propuesta de resolución consideran que la legislación no se adecua a esta realidad, y piden una nueva legislación para solucionar "incongruencias y vacíos legales", así como combatir activamente el narcotráfico y proteger a los trabajadores y consumidores del sector.

Por ello, abogan por despenalizar el comercio del cannabis porque es la opción "más favorable para el conjunto de la sociedad", subrayan que permitirá aumentar la recaudación tributaria, entre otros beneficios.

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