Cuevillas cree que el Gobierno no retirará acusaciones de rebelión "por presiones de la derecha"

Publicado 02/09/2018 14:08:22CET

BARCELONA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El abogado de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ha afirmado este domingo que cree que el Gobierno central y la Fiscalía aceptarían retirar las acusaciones de rebelión contra los presos independentistas pero que no lo harán "por presiones de los partidos de la derecha".

"El Ministerio de Justicia, que está en sintonía con la Fiscal General, sería partidario de retirar los cargos. Pero también decían que no asumirían la defensa de Llarena y no han podido resistir las presiones de los partidos de derecha. Será difícil que retiren las acusaciones", ha explicado en una entrevista en RAC1 recogida por Europa Press.

En relación a la demanda contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena interpuesta por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsellers, Cuevillas confía en que se admita a trámite y ha asegurado que, aunque es un tema difícil, eso no quiere decir que no confíen en ganarlo, y ha añadido: "Cuando nos movemos en el terreno del honor siempre son temas difíciles porque son temas muy subjetivos".

Ha afirmado que "tiene toda la lógica" que Llarena no se presente a la vista del próximo martes, del mismo modo que tampoco lo harán ninguno de los demandantes, ya que es un vista de carácter procesal preliminar para regular el calendario de las actuaciones, ha aclarado.

Según Cuevillas, la polémica respecto al error en la traducción de la demanda se ha magnificado, y lo atribuye a un error que "no tiene más importancia": los abogados franceses traducen mal las declaraciones de Llarena en la demanda, cambiando el condicional por el afirmativo y más tarde la traductora, al traducir la demanda en español, no cambia dicho párrafo que, como ya estaba en castellano, lo vuelve a copiar igual, con el error incluido, ha explicado.

Respecto al juicio de los encausados por el 1-O, el abogado de Puigdemont ha afirmado que el Tribunal Supremo todavía no tiene claro si será en noviembre o en enero: "En el Supremo quieren evitar que el juicio coincida con la precampaña de las municipales y las europeas, pero también saben que es difícil cerrarlo antes de que acabe el año".

Ha reconocido que será un "otoño caliente" porque se trata de un momento excepcional, y ha dicho que el problema de base es que el Estado no tiene un instrumento jurídico para combatir una declaración de independencia pacífica y que están dispuestos a manipular el Estado de derecho: "Mientras esto dure tendremos un otoño, un invierno y una primavera caliente".

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