La CUP propone una ley para proteger a las personas y administraciones del "abuso bancario"

El diputado de la CUP Benet Salellas
EUROPA PRESS
Publicado 10/04/2017 14:50:24CET

BARCELONA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La CUP ha registrado este lunes en el Parlament una proposición de ley para proteger a las personas, a las entidades sin ánimo de lucro y a las administraciones públicas del "abuso bancario", especialmente de la usura y de las condiciones que considera ilegítimas.

El preámbulo del documento, consultado por Europa Press, destaca las "conductas de las entidades financieras que responden claramente a situación de abuso que sobrepasan la mera búsqueda de beneficio económico dentro de unos parámetros de abuso".

En un comunicado, el diputado de la CUP Benet Salellas ha afirmado que la banca tiene una responsabilidad "en el ámbito privado, evidente, pero también en el ámbito público".

En el ámbito del abuso que consideran que hace la banca en el sector público, la ley pretende acabar con las "condiciones cercanas a la usura" que incorporan en la concesión o renegociación de créditos.

La proposición de ley exige declarar "abusivo por ilegítimo" cualquier contrato de crédito subscrito por una administración pública en que, del cumplimiento de las condiciones, se deriven: medidas políticas que violen los derechos humanos; regresión en derechos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y que pongan en riesgo la sostenibilidad de la administración pública beneficiaria.

El proyecto de ley pretende considerar "abusivo por usura" cualquier contrato a la administración pública que contenga una interés superior al Euribor +1% vigente en el momento de su subscripción.

DEUDA DE LA GENERALITAT

Si no se cumplen esos criterios, el contrato se declarará nulo, la administración podrá presentar otro contrato que no contenga esa cláusula y la entidad creditora tendrá diez días para aplicar la nulidad, y, si esto no ocurre, la administración pública tendrá que devolver el crédito.

Exige que los procesos de la restructuración de deuda de la Generalitat y de las empresas públicas participadas por ella en al menos un 51% tendrán que ser comunicados a la Comisión de Economía del Parlament y que los acuerdos de Govern relacionados con procesos de restructuración de deuda sean públicos, detallando las condiciones financiera.

SECTOR PRIVADO

La proposición de ley pide que a las entidades bancarias mecanismos para que los consumidores demuestren "el conocimiento y voluntad" de los elementos del contrato.

Se entienden como abusivas las cláusulas que no contengan una "relación equilibrada de prestaciones", entendiendo como desequilibrada la que establezca tipos de interés derivado de un índice establecido unilateralmente por una entidad bancaria.

Según el documento, también lo son aquellas cuyo redactado sea "incomprensible o que resulte complejo" de entender.

Piden que, cuando un juez declare la "abusividad" de un contrato, el dictado de la sentencia inicie un plazo de prescripción o caducidad de las acciones en consumidores que tengan un contrato idéntico o análogo.

También se exige la nulidad de las comisiones cobradas por las entidades en contratos de crédito vigentes de la administración pública sobre 'standstill', negociación, asesoramiento, reordenación, o restructuración considerándolas abusivas, y se pide que las cantidades abonadas por le ente público sean "reintegradas" por las entidades financieras.

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