El Estado no reconoce como víctimas del terrorismo a los padres de dos niños muertos en el atentado de ETA en Hipercor

Actualizado 30/06/2006 17:29:54 CET

BARCELONA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Atención al Ciudadano y de Asistencia a Víctimas del Terrorismo no reconoce como víctimas del terrorismo a los padres de dos niños asesinados por ETA en el atentado del Hipercor de Barcelona en 1987. En una resolución administrativa, se considera que los padres sufren secuelas psicológicas por "enfermedad común" y que éstas no tienen relación causa-efecto con el atentado.

La Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT) denunció hoy que es la primera vez que la Administración deniega por escrito la consideración de víctima directa del terrorismo a los progenitores de dos fallecidos en atentado. Por ello, piensan presentar un recurso ante los tribunales y podrían demandar por prevaricación al funcionario que firmó la resolución.

Los hijos de Enric Vicente y Núria Manzanares, Sílvia, de 13 años, y Jordi, de 9, estaban con su tía, Mercè Manzanares, el fatídico 19 de junio de 1987 en el Hipercor para comprar bañadores. Aquella tarde ETA hizo estallar un coche bomba en el aparcamiento y provocó 21 muertos y decenas de heridos. Tres de los fallecidos eran los dos niños y su tía.

El padre y cuñado de las víctimas y la madre y hermana sufrieron desde entonces secuelas psicológicas y han seguido tratamiento psicológico, de forma discontinua, aunque en los últimos años se han añadido enfermedades físicas.

Por ello, a parte de la pensión ordinaria de invalidez reconocida por la Seguridad Social solicitaron al Ministerio del Interior el reconocimiento como víctimas del terrorismo, según lo previsto en la Ley 32/1999 de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo. Esta ley prevé indemnizaciones para los "herederos en línea recta descendente o ascendente hasta el segundo grado de parentesco" de los fallecidos por atentado terrorista.

Al parecer, sólo se reconoce la condición de víctima si durante el primer año después del atentado presenta secuelas psicológicas evidentes. Si éstas aparecen varios años después, como es relativamente frecuente, el Estado ya no las vincula al atentado y sólo les considera "beneficiarios" de las indemnizaciones comunes por la muerte de sus hijos.

"NO SE HA ACREDITADO RELACIÓN CAUSAL".

En la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, se determina que, respecto a Enric Vicente, "no se ha acreditado la relación causal entre las lesiones y el hecho de naturaleza terrorista sufrido el 19 de junio de 1987 al no reunir la condición de víctima directa del atentado terrorista, según resolución del Ministerio del Interior de fecha 6/2/2006".

Además, se concreta que el afectado "es pensionista de incapacidad permanente absoluta, derivada de enfermedad común desde 24/2/2005, por las siguientes lesiones: (...) trastorno depresivo grave de evolución crónica. Ausencia de respuesta terapéutica".

Respecto a Núria Manzanares, la resolución establece que "por sentencia del Juzgado Social número 10 de Barcelona de fecha 26/02/2003, le fue reconocida una incapacidad permanente absoluta derivada de enfermedad común, (...) por las siguientes lesiones: (...), síndrome de estrés postraumática grave."

Igualmente, al igual que su marido, "según informe de la Subdirección General de Atención al Ciudadano y Asistencia a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, la interesada no reúne la condición de víctima directa del atentado terrorista, figurando únicamente como beneficiaria de las indemnizaciones abonadas por el fallecimiento de sus dos hijos, en el atentado de Hipercor de fecha 19/06/1987".

En una situación similar se encuentra el padre de otros dos niños que murieron en Hipercor. Según explicó, "como no rompí ninguna puerta ni me desmayé después del atentado, no me atendió ningún médico, por lo que no soy víctima del terrorismo para la Administración".

"SI NO SON VÍCTIMAS, ¿QUÉ SON?"

En este sentido, el presidente de la ACVOT, Santos Santamaría, mostró su "estupor" y su indignación con la resolución. Según él, es "intolerable" e "inadmisible" y anunció que pedirán responsabilidades "de abajo a arriba", empezando por la Oficina de Asistencia a las Víctimas y terminando por el presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero.

Por su parte, el vicepresidente de la entidad, Robert Manrique, consideró estas afirmaciones una "agresión absolutamente vergonzosa e indigna" y un "insulto grave a su dignidad".

Por ello, Manrique denunció la "desidia y pasividad" y la falta de "sensibilidad" de la Administración del Estado. "¿Cómo puede alguien decir que no reúnen la condición de víctimas? ¿Los padres, viudos o huérfanos no son víctimas? ¿Qué son?", se preguntó indignado.

Santamaría denunció el hecho de que un funcionario "se permita saltarse una ley de rango superior", algo que se ha denunciado "reiteradamente" a los diferentes gobiernos, aunque en la treintena de casos similares en Catalunya no había habido ninguna resolución por escrito.

Finalmente, el coordinador del área jurídica de la ACVOT, José María Fuster-Fabra, denunció que "ya está bien llenarse la boca con las víctimas" e instó a los responsables de la Administración a explicar su decisión a los padres de los niños muertos "en la cara".

DIÁLOGO CON ETA: PRIMERO, LAS ARMAS.

Respecto al diálogo anunciado por Zapatero con ETA, la ACVOT reiteró su postura habitual y el comunicado hecho público ayer. La asociación pide que ETA entregue primero las armas, antes de iniciarse las conversaciones, para demostrar su firme voluntad de dejar de matar. Igualmente, exigen al Gobierno que los condenados por atentados posteriores al Código Penal de 1995 cumplan íntegramente sus penas de cárcel.

Según el presidente de la ACVOT, el departamento jurídico de la entidad "está preparado" para denunciar judicialmente cualquier reducción de pena y están dispuestos a llegar al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.

Además, Fuster-Fabra recordó que la Constitución Española prohíbe expresamente las amnistías, aunque podría ser "encubierta" a través de los indultos de carácter personal, que tendrían que justificarse mucho, ya que se han denegado a presos con delitos mucho menores que los terroristas.

Aunque Santamaría reconoció que Gobierno y ETA "llevan mucho tiempo dialogando", pidió al Ejecutivo de Zapatero que "haga política pero no a cualquier precio".

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