El fiscal ve "claro y palmario" que Unió se benefició de forma injustificada de una fundación afín

Juicio a excargos de Fundació Catalunya i Territori (FCT) afín a UDC
EUROPA PRESS
Publicado 27/02/2017 14:06:44CET

No pagó por el alquiler de tres locales y los compró a precio inferior al de mercado

BARCELONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía considera "clara y palmaria" la responsabilidad civil directa de Unió al beneficiarse de forma injustificada de recursos de la Fundació Catalunya i Territori (FCT) en beneficio propio a través del alquiler y posterior compra de unos locales y de pago de servicios.

En su informe final, el fiscal Pedro Ariche ha considerado este lunes que entre 2005 y 2009 el partido que lideraba Josep Antoni Duran "utilizó los recursos de la FCT en beneficio propio, lo que queda acreditado en el juicio" que arrancó el 20 de enero en la sección sexta de la Audiencia de Barcelona.

Para el fiscal este juicio parece un 'déja vu' de muchas cuestiones que se plantearán en el que empezará este miércoles contra los exgestores del Palau de la Música Fèlix Millet y Jordi Montull por el desfalco de la entidad musical y la financiación de CDC, y que "siguen en el run run de la actualidad".

Según Ariche, el expresidente de FCT Josep B.C. dejó de cobrar los alquileres de tres locales arrendados al partido en Tàrrega (Lleida), Lleida y Tarragona durante tres años y posteriormente los vendió por un precio "a todas luces sensiblemente inferior al de mercado" ya que fue de 478.000 euros cuando el valor catastral era de 446.000 y el real estaba por encima del millón de euros.

Además, el fiscal ha apuntado que la fundación vendió estos locales pero no cobró la totalidad del importe por parte de Unió hasta julio de 2013, una vez el procedimiento judicial ya estaba en marcha.

Paralelamente, Unió tenía varias deudas con la empresa Kontrast Produccions por organización de congresos y eventos por valor de 116.483 euros, aunque se le dio instrucciones al administrador de esta mercantil de girar las facturas al grupo IMS, que lideraban los dos principales acusados, que a su vez eran vocales de FCT y que obtuvieron de ella los fondos.

Así, según el fiscal, se dieron instrucciones precisas de cómo facturar estos servicios a las empresas el grupo IMS, aunque las acabaría pagando la FCT, lo que para el fiscal es un delito de apropiación indebida de fondos de la fundación.

En este procedimiento, el fiscal acusa a Josep B.C. y a dos exvocales de la FCT y responsables del holding empresarial IMS por una presunta trama que consiguió fondos y créditos de bancos con facturas falsas y desvió fondos desde dicha fundación a su empresa, además de condonar y sufragar gastos a Unió.

Les acusa por supuesta estafa, falsedad en documento mercantil, apropiación indebida, insolvencia punible, administración desleal y contra la hacienda pública.

Los principales acusados son el expresidente de la Fundación Josep B.C., dos exvocales de la Fundación (Joan Albert L.S. y Miguel Ángel C.G.), el empresario José C.M. y otra persona vinculada a la Fundación, Xavier S. B., y como responsable civil subsidiario está Unió.

Las penas más altas que solicita la Fiscalía son para los exvocales Joan Albert L.S. y Miguel Ángel C.G., de hasta 17 años de cárcel y sendas multas de 108.000 euros, por los delitos de estafa continuada, falsedad en documento mercantil, apropiación indebida e insolvencia punible.

Para el entonces presidente de la Fundación, Josep B.C., la Fiscalía pide ocho años y un mes de prisión y 46.500 euros de multa; y respecto a los otros acusados, pide un año y 11 meses para Xavier S.B., y tres años y un mes para José C.M.

PELOTA FINANCIERA

El fiscal considera que Joan Albert L.S. y Miguel Ángel C.G. crearon un entramado societario a dos niveles: el holding de empresas IMS y un grupo de 19 empresas pantalla, a través de las que solicitaron hasta 60 líneas de crédito y 128 cuentas en una veintena de bancos, poniendo en marcha un circuito de descuentos que acabó generando una "pelota financiera".

Gracias a este entramado, los acusados solicitaron la apertura de numerosas líneas de descuento aparentando solvencia y músculo económico a través de facturas falsas que simulaban actividad económica, y posteriormente iban tapando los descubiertos de unos bancos con lo que obtenían de otros.

Además, como vocales de la fundación, de acuerdo con su presidente, extrajeron ilícitamente de la caja social de la entidad dinero para engrosar las cuentas del holding, hasta la suma que se estima en 1,7 millones de euros entre 2004 y 2007.

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