BARCELONA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
La querella de Fiscalía contra el presidente de la Generalitat, la vicepresidenta y la consellera de Enseñanza les acusa de haberse "negado abiertamente a dar el debido cumplimiento a una resolución emanada del máximo intérprete de la Constitución", al organizar el proceso participativo pese a la suspensión del Tribunal Constitucional (TC).
Por eso el escrito --firmado por el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada y presentado este viernes a mediodía en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)-- apunta a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por desobedecer a la autoridad judicial, al considerar "manifiesta" su negativa a cumplir la resolución de suspensión.
Además de desobediencia, la Fiscalía pide imputarles por los presuntos delitos de prevaricación, usurpación de atribuciones judiciales (contra la división de poderes) y malversación de caudales públicos.
Sobre la presunta desobediencia, insiste en que sabían que la consulta prevista inicialmente --primero-- y el proceso participativo --después-- habían sido suspendidos, y alude a estas declaraciones de Mas: "Si la Fiscalía quiere conocer quién es el responsable de abrir los colegios que me miren a mí, el responsable soy yo y mi gobierno".
Aclara que no es necesario que la negativa del Govern a cumplir la decisión del TC fuese expresa, sino que "esa voluntad puede deducirse, tanto en comportamientos activos como omisos, expresos o tácitos".
"AUSPICIADA Y FINANCIADA" POR EL GOVERN
También recuerda que fue "una consulta planificada, auspiciada y financiada" por el Govern, que el contenido de la suspensión no dejaba margen a la duda y que, pese a eso, los tres querellados participaron en su fomento de manera personal y directa, dice literalmente.
En lo relativo a la posible obstrucción a la justicia o usurpación de atribuciones judiciales, la Fiscalía argumenta que los querellados con sus decisiones y participaron en diferentes actos "han obstruido la vigencia de los mandatos del TC en una parte sustancial del territorio nacional".
Sobre la presunta prevaricación administrativa continuada recuerda que la Generalitat dio "soporte material y personal al proceso de participación" y, en concreto, contrató servicios a la empresa de buzoneo Unipost para hacer llegar una carta a los catalanes animándolos a participar.
También adoptaron decisiones para proceder a la apertura de locales tanto en colegios públicos como sedes de la Generalitat en el extranjero y mantuvieron abierta la página web sobre información para votar, recuerda la Fiscalía.
Cree que las decisiones adoptadas por el Govern a partir del 4 de noviembre "confirman la persistencia de una voluntad de sobreponer la propia visión partidista de la realidad sobre el deber de ejercer sus atribuciones administrativas de manera objetiva y conforme a derecho".
"Solo aspiran a hacer prevalecer su voluntad sobre el contenido de las decisiones que al respecto había adoptado el Tribunal Constitucional", añade la Fiscalía.
Sostiene que las múltiples decisiones adoptadas, como mantener la página web, la apertura de colegios o contratación de servicios "no pueden ser reputadas como actos políticos a los efectos de quedar fuera del ámbito del delito de prevaricación administrativa".
En este sentido, cree que el 9N no puede equipararse en su valoración como la declaración de soberanía que había proclamado el Parlament, porque ésta no se había producido "violentando una decisión previa de suspensión adoptada por el Tribunal Constitucional" y tampoco comportaba una acción concreta posterior.
Finalmente, ve un delito de malversación de caudales públicos pues "se ha incurrido en gasto público para llevar a cabo actuaciones delictivas en tanto radicalmente opuestas a las resoluciones "del TC.
DILIGENCIAS PEDIDAS
En cuanto a las diligencias que la Fiscalía pide practicar al TSJC, además de citar como imputados a los querellados, solicita que se ordene aportar copia de todas las resoluciones que los tres miembros del Govern querellados adoptaron tras la suspensión.
También pide que la policía judicial traslade todo el contenido informático de la página www.participa2014.cat e informe de su fecha de creación, vigencia, "servidor en el que se encuentra alojada o persona responsable de su creación y mantenimiento".
Pide que la empresa de buzoneo aclare de dónde proceden los datos usados para enviar la correspondencia y su contrato con la Generalitat, y a la Conselleria de Presidencia toda la documentación relativa a las urnas y las papeletas.
Además, quiere que la Alta Inspección de Educación y Cataluña recabe toda la información que pueda sobre las actuaciones de la Conselleria de Enseñanza en cuanto a reuniones con directores de los colegios para su cesión para el 9N.
