Lo solicita ante la "grave repercusión" económica y al afectar a varios territorios
TARRAGONA/MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona) que la investigación de las presuntas comisiones ilegales del 3% pagadas por constructoras a CDC a cambio de concesiones de obra pública sea asumida por la Audiencia Nacional.
En un comunicado, la Fiscalía ha informado de que ha solicitado la inhibición en favor del Juzgado Central de Instrucción Decano para que proceda al reparto de la causa entre estos órganos judiciales, por considerar que los hechos investigados son competencia de la Audiencia Nacional, en base a los artículos 65.1 c) y 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
Según el criterio del Ministerio Fiscal, corresponde a la Audiencia Nacional instruir este caso se da una "grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil o en la economía nacional y afectación a una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia".
En el comunicado, la Fiscalía recuerda que caso investiga la comisión de presuntos delitos de prevaricación, cohecho, alteración de precios de concursos, malversación, fraude contra la administración, blanqueo de capitales y financiación ilegal de un partido político, y entre los investigados está el exdiputado en el Parlament y exconseller Germà Gordó, y los extesoreros Daniel Osàcar y Andreu Viloca.
En el caso de los delitos de malversación (artículo 432 y siguientes del Código Penal) y fraude contra la Administración Pública (artículo 436 del Código Penal), considera que concurren los requisitos de competencia de la Audiencia Nacional de conformidad con la interpretación de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Según dicha Fiscalía, en este caso se han hallado "un elevado número de procedimientos de contratación que se habrían realizado de forma fraudulenta", relacionados con licitaciones y adjudicaciones de obra pública de concursos ofrecidos por distintas administraciones bajo la esfera de poder de CDC y de la Fundació CatDem, en sus palabras.
Afirma que el que era administrador y tesorero "llevaba un control exhaustivo de todas las licitaciones y adjudicaciones de obra pública, controlando los pagos encubiertos que las empresas contratistas entregaban finalmente a CDC bajo la apariencia de donaciones, a través de sus fundaciones vinculadas: CatDem y Fòrum Barcelona".
Este juzgado de El Vendrell investiga el presunto cobro de comisiones ilegales por parte de CDC a cambio de concesiones en varios ayuntamientos catalanes desde que en 2014 se destaparon presuntas irregularidades en el Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona), con el exalcalde Daniel Masagué (CiU) y en concreto en la construcción aparcamiento en la calle Filadors adjudicado a la constructora Teyco.
GERMÀ GORDÓ
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) decidió investigar a Gordó por su supuesta participación en la trama, en la que también se investiga a los dos extesoreros convergentes Andreu Viloca y Daniel Osàcar, este último condenado por el caso Palau, aunque tras dejar de ser diputado la causa de Gordó regresó al juzgado de El Vendrell.
En el caso de Gordó, el TSJC constató en un auto que supuestamente medió para requerir "cuantiosas donaciones" a determinadas empresas que aspiraban a conseguir adjudicaciones de obras públicas, para dos fundaciones vinculadas a CDC: Catdem y Fòrum Barcelona, si bien en su declaración en sede judicial Gordó negó las acusaciones.
Los fiscales Anticorrupción José Grinda y Fernando Bermejo señalaron en su día cinco casos en los que Gordó supuestamente medió decisivamente para que ciertos empresarios lograran adjudicaciones: obras del Consorcio de Educación, trabajos en un dique en el Puerto de Barcelona, la mejora de la carretera C-55, la plaza de las Glòries de la capital catalana y en un instituto de Manresa (Barcelona).
