Fiscalía pide 2,5 años de prisión para Crespo (CiU) por presuntos sobornos de un empresario ruso

 

Fiscalía pide 2,5 años de prisión para Crespo (CiU) por presuntos sobornos de un empresario ruso

Xavier Crespo
EUROPA PRESS
Actualizado 05/06/2014 14:09:20 CET

BARCELONA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Anticorrupción pide dos años y medio de prisión y 17 de inhabilitación para el diputado de CiU en el Parlament y exalcalde de Lloret de Mar (Girona), Xavier Crespo, por presuntamente cometer los delitos de cohecho y prevaricación a favor de un empresario ruso en un proyecto urbanístico del municipio.

Según el escrito de calificación, recogido por Europa Press, los fiscales anticorrupción José Grinda y Fernando Bermejo solicitan también para Crespo una multa de 831.600 euros y que retorne los sobornos que presuntamente recibió de la trama, dentro del caso 'Clotilde', y pide para el entonces concejal de Urbanismo, Josep Valls, dos años y tres meses de cárcel.

El fiscal concluye que Crespo y Valls dieron "facilidades administrativas en la construcción del complejo inmobiliario que se iba a realizar en el lugar de la plaza de toros, a cambio de determinados favores" al empresario Andrei Petrov.

Por ello, pide también que Valls abone una multa de 831.600 euros y retorne los sobornos que presuntamente recibió, además de su inhabilitación para empleo o cargo público por 16 años y seis meses.

Para Andrei Petrov, la Fiscalía solicita por un delito de cohecho activo continuado la pena de prisión de dos años y una multa de 831.600 euros, y para la arquitecta Pilar Gimeno, a quien acusa de ponerles en contacto, una pena de dos años y un mes de prisión, la misma multa y nueve años de inhabilitación por un delito de cohecho pasivo.

Finalmente, para el presidente del club de hockey, Joan Perarnau, de quien se sospecha que recogía cheques de la empresa de Petrov, por cohecho pasivo continuado, una pena de dos años de prisión, nueve años de inhabilitación y la misma multa, que también solicitan para la empresa de Petrov Development Diagnostic Company (DDC).

Según las conclusiones del fiscal, Petrov se puso en contacto con los acusados a través de Pilar Gimeno, amiga de Josep Valls y del magnate ruso, que mantuvieron varias reuniones en las que se decidió que, a cambio de ciertos favores, debían tratar bien a DDC.

Así, Petrov invitó en febrero de 2008 a Crespo y su familia, junto a la arquitecta, a un fin de semana en Rusia con una factura que superó los 5.000 euros, regaló a Crespo un reloj Zenith valorado en 2.200 euros, y posteriormente se comprometió a patrocinar los clubes deportivos de hockey sobre patines y fútbol de Lloret; ambas entidades, privadas.

En el club de hockey, Crespo había sido presidente durante tres años antes de ser alcalde, y en ese momento lo era Joan Perarnau y la vicepresidenta era la mujer de Crespo, mientras que Valls era el presidente del club de fútbol.

"Tanto Crespo como Valls tenían familiares en ambos clubes, que resultaron beneficiados por los pagos de DDC", que en total entregó entre septiembre de 2007 y julio de 2010 un total de 270.000 euros a ambos clubes en concepto de patrocinio.

CONTRAPARTIDA

En contrapartida, Petrov consiguió que su empresa se hiciera con el proyecto para construir un centro comercial en la zona de la antigua plaza de toros, que preveía un aparcamiento público de 400 plazas, un local público de 1.700 euros, urbanizar la zona y construir un patio inglés, sin pagar el aval previsto de 1,9 millones y comenzó las obras antes de haberse aprobado el proyecto.

Posteriormente, para conseguir un ahorro en el coste de la licencia de obra, solicitó una rebaja del impuesto del valor de la licencia de obras, que era de 267.508,46 euros, al amparo de una ordenanza municipal para que le bonificaran el 95% declarando la obra "de interés municipal".

Para ello, contó con el apoyo de Crespo y Valls, que promovieron un acuerdo del pleno municipal para concederle varias bonificaciones que ascendían a un perjuicio para el Ayuntamiento de 133,754,23 euros al declarar la obra de especial interés o utilidad pública, pese a un informe negativo del secretario y el interventor municipal.

En diciembre de 2010, DDC y el alcalde suscribieron otro convenio urbanístico en el que DDC se comprometía a construir varias plazas de parking en un terreno de su propiedad en el hotel Blanca Aurora, y la empresa derribó el hotel y comenzó las obras sin los avales exigidos.

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