La Generalitat pondrá la primera sanción por trato homófobo en septiembre

 Dolors Bassa
EUROPA PRESS
Actualizado: sábado, 23 julio 2016 9:19

También está "en vigor" el nuevo protocolo de abusos a menores, que permite iniciar la vía legal

BARCELONA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat pondrá en septiembre la primera sanción por un caso de trato homófobo, en aplicación de la Ley 11/2014 para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales, ha explicado la consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Dolors Bassa, en declaraciones a Europa Press.

Se trata de la primera vez que se aplica la capacidad sancionadora del Govern en este ámbito, que le otorga esta Ley --aprobada en el Parlament en octubre de 2014--, por un caso tipificado en el texto sobre el que Bassa ha evitado dar más detalles, ante el hecho de que todavía está terminándose la investigación, pero ha apuntado que no está relacionado con menores ni el ámbito escolar.

La Conselleria está terminando el redactado del reglamento sancionador de la Ley, con la colaboración de entidades sociales, que se aprobará con un decreto y agilizará el proceso para multar casos como insultos o acoso en el trabajo que afecten al colectivo.

Las sanciones se determinan "según la gravedad del caso" y, si se trata de una infracción leve, la Ley recoge que tendrá una multa de entre 130 euros y 1.700 aproximadamente, una cifra que corresponde al equivalente del importe mensual del indicador de renta de suficiencia de Catalunya (IRSC) --actualmente de 569,12 euros mensuales-- correspondiente a un periodo de entre siete días y tres meses.

En caso de ser infracciones graves o muy graves, pueden castigarse con una o más sanciones y, en función de su gravedad, pueden suponer también la imposibilidad de recibir subvenciones o establecer contratos con la Generalitat.

PROTOCOLO DE ABUSOS A MENORES

Bassa también ha destacado que ya "está en vigor" el protocolo bilateral de detección de abusos a menores, que se aprobó hace un mes en el Consell Executiu, tras un trabajo conjunto con la Conselleria de Enseñanza, y el viernes pasado celebró la reunión trimestral que estipula, junto a los departamentos de Salud, Interior, Justicia y Presidencia.

Con el texto, la Generalitat tiene capacidad de detectar casos, seguirlos y hacerlos llegar a la vía judicial, poniéndolos en conocimiento de la Fiscalía y los Mossos d'Esquadra, aunque de momento no se ha iniciado este procedimiento.

Contempla que los abusos puedan ser perpetrados por profesores y monitores, mientras que el anterior texto de 2012 tenía en cuenta que se produjeran en la familia o en otros entornos, pero no en el mismo centro educativo.

Ha añadido otros condicionantes, como un apartado específico sobre discapacitados, teniendo en cuenta que se trata de un colectivo vulnerable, y con el objetivo de "normalizar más su situación".