Entidades por la vivienda presentan un modelo de denuncia administrativa contra el 'mobbing
BARCELONA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -
El teniente de alcalde de Derechos Ciudadanos de Barcelona, Jaume Asens, ha explicado que el Ayuntamiento sancionará a fondos de inversión y grandes tenedores que realicen acoso inmobilario a los inquilinos, ya que desplegará artículos de la Ley de derecho a la vivienda de Catalunya de 2007 para actuar por vía administrativa.
En una rueda de prensa junto al concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner, Asens ha detallado que este tipo de infracción puede sancionarse con multas que van de los 90.000 a los 900.000 euros, en función de la gravedad y del principio de proporcionalidad.
El anuncio del Gobierno municipal coincide con la presentación este mismo martes de un modelo de denuncia administrativa genérica para denunciar ante los ayuntamientos casos de acoso inmobiliario por parte del Sindicat de Llogaters, la PAH Barcelona y el Observatorio Desc.
Asens ha asegurado que se han detectado 70 bloques comprados por fondos de inversión, de los que han recibido diez denuncias: "Hemos empezado a investigar en cuatro inmuebles y hemos iniciado un proceso sancionador en el número 106 de la calle del Carme".
El concejal ha admitido que, hasta ahora, no se estaba aplicando la ley aprobada en 2007, pero ha alegado que el consistorio pidió hace un año un informe para recibir el aval jurídico para actuar, y también ha criticado que la Generalitat y el resto de municipios catalanes deberían empezar a sancionar por acoso inmobiliario.
Ha insistido en que Barcelona será el primer ayuntamiento que sancione el 'mobbing' inmobiliario, y ha afirmado que los casos más graves se llevarán a Fiscalía, y también ha recordado que la legislación vigente les perite actuar por denuncia de los afectados o de oficio, en un proceso que puede durar hasta más de un año.
PLANTILLA PARA PRIVADOS Y ENTIDADES
La portavoz del Sindicat de Llogaters, Marta Ill, ha insistido en que la denuncia modelo quiere abrir una nueva oportunidad para denunciar estos casos a través de la vía administrativa, y ha dicho que la plantilla la podrán utilizar privados y entidades para que las administraciones respondan y dar un "nuevo impulso a la lucha".
La también portavoz de la PAH Barcelona, Lucía Delgado, ha asegurado que es importante visibilizar el acoso inmobiliario, mostrar que es una práctica ilegal y que las administraciones tienen la obligación de actuar para pararlo: "No puede seguir mirando hacia otro lado con pasividad".
"De momento se han presentado dos demandas, y hoy presentaremos tres más en la Oficina de Vivienda del Raval. Serán muchas más en los próximos meses", ha detallado técnico de vivienda del Observatori Desc, Guillem Domingo, y ha dicho que esta requerimiento obligará a investigar qué pasa en los inmuebles.
El vecino del inmueble del número 106 de la calle del Carme Pau Berjoan ha explicado que el edifico fue comprado por una Socimi propiedad de BMB Investment Management, que ha provocado la degradación progresiva del edificio: "Entran personas a drogarse y ladrones en el edifico".
