BARCELONA, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat trabaja en casos de familias que han dejado de realizar los seguimientos postadoptivos a los que se habían comprometido con los países de origen en el proceso de adopción, y a las que ha incoado expediente sin sancionar todavía a ninguna.
Se trata de una infracción tipificada como "grave" en la ley de derechos y oportunidades de infancia y la adolescencia y que, en caso de acabar en multa, conlleva una sanción de 3.001 a 90.000 euros.
"Hay pocos casos, por suerte", ha asegurado en una entrevista a Europa Press la directora del Instituto Catalán de Acogida y Adopción (Icaa), Núria Canal, que ha apelado a la responsabilidad de las familias para cumplir los compromisos que adquirieron cuando adoptaron al niño.
Ha remarcado que cuando se tramita una adopción internacional, el país de origen obliga a hacer una serie de seguimientos a la familia y al niño, y la familia firma un compromiso antes de que haya una sentencia firme.
Dependiendo del país, puede ser un seguimiento continuado hasta los 18 años o puede ser solo de los primeros años: "Cada uno dictamina la periodicidad que quiere", siendo los más estrictos Rusia, Kazajistán y Etiopía, ha subrayado.
Canal ha asegurado que cuando una familia incumple estos seguimientos lo hace con el país y puede ser que tenga "consecuencias para otras familias que esperan una adopción" con ese Estado.
Ha afirmado que el régimen sancionador previsto en la ley catalana de infancia estaba muy dirigido hacia el seguimiento postadoptivo, para concienciar de que se había firmado un compromiso de hacer seguimientos y que si no se hacen, "habría una sanción", y ha remarcado que se está trabajando en casos de familias que han dejado de hacer los seguimientos a los que se comprometieron.
Canal ha asegurado que las familias tienen que ser conscientes de que hay un compromiso que se está obligado a seguir y que otras se pueden ver "afectadas" o incluso los países de origen pueden amenazar con no asignar más niños.
Desde que se implantó el proceso sancionador de la ley catalana de derechos y oportunidades de la infancia y la adolescencia no se han encontrado con ningún caso tipificado entre los "muy graves", con sanciones que van de los 91.000 a 600.000 euros.
