BARCELONA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha anunciado este miércoles que la primera reunión del grupo de trabajo sobre la ley de la dependencia se celebrará el jueves 23 de febrero en la sede del ministerio, y ha asegurado que contará con la asistencia de la Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.
En una atención a los medios en la Delegación de Gobierno tras su reunión con la consellera Bassa, que ha dicho que ha sido cordial y en la que han hablado de "problemas reales" de los catalanes, ha afirmado que se ha invitado a siete comunidades autónomas a esta reunión y ha mostrado su satisfacción en que Bassa acuda.
Sin embargo, fuentes de la Conselleria han asegurado a Europa Press que no será la titular del departamento, Dolors Bassa, la que asista a la reunión.
Montserrat ha asegurado que este grupo de trabajo sobre la dependencia surgió en la Conferencia de Presidentes del pasado mes de enero en el que se abordó la financiación autonómica, recordando que el de la Generalitat, Carles Puigdemont, "dejó vacía" su silla al no acudir.
Ha sostenido que el Gobierno cree "profundamente" en la ley de dependencia, la quiere preservar y mejorar y hacerla más sostenible, y ha considerado este grupo de trabajo como un pilar básico para mantener y preservarla con los retos demográficos que tiene España.
La ministra ha reclamado a la consellera catalana que se sume al Pacto Nacional contra la Violencia de Género para "erradicar" esta lacra social.
REFUGIADOS
Según Montserrat, la consellera Bassa ha apoyado la iniciativa del 'currículum ciego' por la igualdad de oportunidades en el que no se tenga en cuenta el nombre, sexo, edad u orientación sexual, sino por el mérito y capacidad.
En este sentido, ha considerado que el Gobierno central trabaja en la reducción de la brecha salarial, y ha considerado "intolerable que en el siglo XXI haya sitios en que las mujeres tengan prohibido trabajar" como el Puerto de Algeciras.
Preguntada sobre las criticas de administraciones catalanas y sociedad civil por la acogida de refugiados, ha sostenido que el Gobierno central trabaja con la Unión Europea, "cumple" con lo que marcan las instituciones europeas y tiene las plazas preparadas.
