El ICAB denuncia la parcialidad de la Audiencia y reclama la libertad para los acusados de dejar en coma a un urbano

 

El ICAB denuncia la parcialidad de la Audiencia y reclama la libertad para los acusados de dejar en coma a un urbano

Actualizado 14/07/2006 20:06:10 CET

La defensa presentará un recurso de amparo ante el Constitucional al entender que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva

BARCELONA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) denunció hoy la parcialidad de la Audiencia Provincial, que rechazó excarcelar a los tres jóvenes acusados de dejar en coma a un guardia urbano el pasado 4 de febrero en la calle Sant Pere més Baix de Barcelona basándose en "prejuicios" relacionados con su origen y su supuesta pertenencia al movimiento 'okupa'. El ICAB reclamó que se respete la presunción de inocencia de los imputados y que se les deje en libertad provisional.

En una rueda de prensa organizada por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), Jaume Asens, miembro de la Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona del ICAB, señaló el "carácter inadecuado" de los fundamentos que utiliza la Audiencia de Barcelona para mantener en prisión provisional a los tres jóvenes encarcelados por estos hechos, Rodrigo Andrés L.H., Álex C.A. y Juan P.G..

En este sentido, Asens criticó que el Tribunal utilice el origen de los jóvenes --dos de ellos son nacidos en Chile y el otro es español nacido en Argentina-- para justificar su posible alejamiento del procedimiento judicial y señaló que la Audiencia de Barcelona "hace una suposición o deducción de su pertenencia al movimiento 'okupa' más fundamentada en prejuicios que en datos contrastados".

El ICAB considera que la Audiencia de Barcelona "atribuye rasgos estigmatizadores a las personas que pertenecen al movimiento 'okupa'", que, según el Tribunal, se caracteriza por "su alejamiento del domicilio y ámbito de influencia familiar" y por una "incierta localización a los fines de un riguroso sometimiento al proceso en que --los jóvenes-- se hallan inmersos".

"Entendemos que este argumento es un juicio de valor de carácter criminalizador porque hace recaer sobre los imputados una presunción de peligrosidad y voluntad de sustracción a la acción de la Administración de Justicia, basada en la sospecha de su pertenencia al movimiento social 'okupa'", afirmó Asens.

Además, según dijo, "expresa una convicción previa del Tribunal sobre los hechos y los imputados que resulta impropia de la posición equidistante, de imparcialidad y de neutralidad inherente a la función jurisdiccional".

Por todo ello, Asens reclamó que se respete la presunción de inocencia de los encarcelados y que se les ponga en libertad provisional con las medidas alternativas necesarias, como la prestación de una fianza o la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado.

A su juicio, el mantenimiento de la medida de prisión preventiva es "desproporcionado" en estos momentos, ya que los jóvenes llevan ya cinco meses en la cárcel. Según Asens, la prisión provisional es "una medida excepcional" y debería ser "la 'última ratio'".

EL PROCESO JUDICIAL SIGUE SU CURSO.

Por otra parte, Eduardo Cáliz, abogado defensor de Rodrigo Andrés L.H. y Álex C.A., explicó durante la rueda de prensa que la juez de Instrucción número 18 de Barcelona ha desestimado el recurso de reforma que interpusieron contra el auto de procesamiento emitido el pasado 8 de junio.

La magistrada, por tanto, ha decidido que el proceso contra los tres jóvenes debe seguir adelante por un delito de atentado a la autoridad con uso de arma peligrosa, que implica entre cuatro y seis años de prisión, y otro de lesiones graves, por el que se enfrentan a entre seis y doce años de cárcel.

El recurso, no obstante, al ser subsidiario de apelación, se ha elevado a la Audiencia de Barcelona, que será la que deba decidir ahora sobre la puesta en libertad incondicional y sin cargos solicitada por la defensa.

El Tribunal Provincial, por otra parte, desestimó ya en marzo la petición de libertad solicitada por las defensas, por lo que Cáliz afirmó hoy que interpondrán un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. A su entender, se ha vulnerado el derecho a la libertad y a la tutela judicial efectiva de sus representados.

Cáliz considera que la juez y la Audiencia de Barcelona no han tenido en cuenta el dictamen médico encargado por la defensa, que descarta que la doble fractura craneal sufrida por el guardia urbano no es compatible con el impacto de una piedra, tal y como mantiene el atestado policial.

Por otra parte, el abogado reiteró que el propio alcalde de Barcelona, Joan Clos, reconoció a primera hora de la mañana del 4 de febrero que el agente herido resultó lesionado tras ser golpeado con una maceta y, por ello, reclamó que se investigue el origen de las fuentes que proporcionaron la información exculpatoria al alcalde.

En cuanto a la imposibilidad de realizar la inspección ocular y de obtener pruebas debido a la limpieza que llevaron a cabo los servicios municipales en el lugar de los hechos, Cáliz reclamó una explicación racional sobre dicha actuación y que se depuren responsabilidades.

Los procesados, además, han denunciado desde el primer momento los presuntos malos tratos, torturas y vejaciones que han sufrido por parte de la Guardia Urbana y de los Mossos d'Esquadra. La juez de Instrucción número 18 de Barcelona, encargada del caso, abrió diligencias para investigar los hechos, aunque, según Cáliz, la denuncia está "estancada" desde febrero.

26 DÍAS EN HUELGA DE HAMBRE.

En la rueda de prensa también estuvo presente el diputado de ICV en el Congreso Joan Herrera, que expresó su solidaridad hacia la familia del agente herido y hacia las familias de los tres jóvenes encarcelados. Herrera señaló la necesidad de que el juicio se lleve a cabo "rápidamente" y pidió que se analicen "con rigor" todas las pruebas existentes.

Por su parte, el presidente de la Casa de la Solidaridad, Horacio Tamburini, dijo que "es una vergüenza para la Justicia española" que se discrimine a los jóvenes por su origen y su supuesta pertenencia al movimiento 'okupa' cuando las pruebas que les exculpan son "irrefutables". "Son los restos del Franquismo, que aún persisten en la conciencia de muchos miembros de la estructura jurídica española", apuntó.

En cuanto al estado de salud de los jóvenes y de la madre de uno de ellos, que llevan 26 días en huelga de hambre para reclamar que se respete el derecho a la presunción de inocencia y exigir su puesta en libertad, una representante del grupo de apoyo a los detenidos explicó que Juan y Rodrigo ingresaron el lunes en el Hospital Penitenciario de Terrassa. Según dijo, el primero de ellos ha llegado "al límite" y se ha visto obligado a abandonar la medida de protesta.

La madre de Rodrigo, Mariana H., ingresó ayer en el Hospital Clínic de Barcelona ante la posibilidad de sufrir complicaciones graves, ya que ha perdido mucho peso durante estas semanas.

En la rueda de prensa de hoy también estuvieron presentes representantes de la Asociación Cristiana para la Abolición de la Tortura (ACAT), de la entidad Justícia i Pau y de la Asociación de Vecinos del Casc Antic.

Todos ellos lamentaron que el agente de la Guardia Urbana resultara herido de gravedad, pero proclamaron la inocencia de los jóvenes y reclamaron que se actúe con rapidez para aclarar los hechos y se persiga a los verdaderos responsables.

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