Un informe de entidades concluye que las cargas del 1-O fueron "desproporcionadas y violentas"

Guardia Civil y Policía Nacional requisan urnas del referéndum del 1-O (recurso)
EUROPA PRESS
Publicado 19/10/2017 18:25:20CET

   BARCELONA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Un informe de varias entidades sociales ha concluido que el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional y Guardia Civil en el operativo contra el referéndum de independencia del 1 de octubre fue desproporcionada con cargas "desproporcionada y violentas".

   Así lo concluye el informe recogido por Europa Press, que este jueves han presentado varias entidades --entre ellas Irídia y el Institut de Drets Humans de Catalunya-- que se han agrupado en la iniciativa #SomDefensores, de defensa de los Derechos Humanos.

   Los tres cuerpos policiales --Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra-- durante la jornada del 1 de octubre intervinieron para clausurar los colegios electorales, dando cumplimiento a la resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

   Según el informe, los Mossos requisaron urnas y precintaron colegios electorales "de acuerdo con el plan policial hecho público que recoge los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad, utilizando la contención y la mediación, y con el objetivo de mantener la paz social y la convivencia".

   Sin embargo, "hasta bien entrada la noche se sucedieron múltiples ataques y cargas policiales violentas" --siempre según la tesis del informe-- por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil (a la que las entidades califican de brazo armado militar).

   Estas cargas se hicieron "contra personas que se encontraban de forma pacífica y cívica en el interior de diversos colegios electorales" a los que habían ido a votar.

   El resultado, según datos de la Generalitat, fue de 893 heridos de diversa consideración atendidos por los Servicios de Emergencias Médicas (SEM): cuatro de ellos tuvieron que ser hospitalizados y dos lo hicieron en estado grave.

   Las entidades presentarán este informe ante organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), del Consejo de Europa, de la Unión Europea, además de al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, y el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, entre otros.

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