BARCELONA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) - Argumenta que si no se le permite ir al pleno se estarán vulnerando sus derechos personales y los de los ciudadanos, ya que no se estará respetando la voluntad de un Parlament elegido democráticamente que quiere investirle. Por ello, solicita al juez la "inmediata puesta en libertad provisional" y que resuelva el asunto en la mayor brevedad posible, teniendo en cuenta que el pleno de investidura se celebrará en seis días. Pina cita el antecedente de Juan Carlos Yoldi, que siendo preso preventivo de ETA fue autorizado por un juez en 1987 para acudir presencialmente a una sesión de investidura en el Parlamento vasco. Y añade que "en un sistema constitucional mínimamente respetuoso con las libertades ciudadanas, riesgos difusos para el orden público no pueden legitimar nunca la anulación de derechos políticos elementales, ni alterar tampoco el sentido de la voluntad de una cámara parlamentaria elegida democráticamente". También defiende que, tal jurisprudencia, evidencia que los derechos políticos no pueden limitarse "hasta el extremo de impedir que un diputado todavía inocente" pueda presentar su candidatura ante una cámara parlamentaria por muy graves que fueran los delitos imputados. Y recuerda que la candidatura de Sànchez se presenta "una vez que se ha decidido retirar la previa candidatura de Carles Puigdemont tras el correspondiente pronunciamiento cautelar del Tribunal Constitucional". "Esta defensa no tiene constancia de que, por parte del Ministerio Fiscal, se haya emitido informe sobre la suspensión solicitada", esgrime la defensa que no ve justificación a la dilación de la Fiscalía, teniendo en cuanta que Sànchez se encuentra privado de libertad. El escrito recuerda el caso por el que el Constitucional decidió suspender cautelarmente el ingreso en prisión de los ultras condenados por el asalto al centro Blanquerna de Madrid durante la Diada de 2013, mientras no se resolvieran los recursos de amparo contra las penas de cerca de cuatro años de cárcel que les impuso el Supremo. "Se estaría lesionando gravemente el derecho de Catalunya a su autonomía", añade Pina, que considera que sería una grave alteración de voluntad de los ciudadanos catalanes manifestada en las elecciones del 21 de diciembre y que supondría un grave daño para la credibilidad nacional e internacional de un ordenamiento constitucional que dice estar basado en valores como la democracia, la libertad y el pluralismo.
