Un miembro de la Comisión de Venecia señala el riesgo de ir "contra o por encima" de la ley

 

Un miembro de la Comisión de Venecia señala el riesgo de ir "contra o por encima" de la ley

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El jurista de la Comisión de Venecia Josep Maria Castellà.
TEPJF
Publicado 03/06/2017 11:58:17CET

   Explica que el órgano se pronuncia sobre reformas o leyes "una vez publicados" y no antes

   BARCELONA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El jurista y miembro de la Comisión de Venecia Josep Maria Castellà ha defendido en relación al proceso soberanista catalán que "no se puede apelar a la legitimidad democrática contra o por encima del Estado de Derecho".

   Lo ha explicado al preguntársele en una entrevista de Europa Press por el debate instalado sobre el conflicto que se plantea en Catalunya entre la legitimidad democrática y la legalidad del ordenamiento jurídico.

   La Comisión de Venecia, cuyo nombre formal es Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, es el órgano consultivo del Consejo de Europa en derecho constitucional, está formado por juristas de los Estados y entre sus funciones está pronunciarse sobre la idoneidad de proceso refrendarios.

   Este lunes, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, envió una carta a la Comisión informando de la voluntad del Govern de celebrar el referéndum, lo que ha puesto a este órgano en el centro del debate político.

   El conflicto entre legitimidad y legalidad se plantea en el proceso soberanista catalán porque la Generalitat apela a la posibilidad de celebrar un referéndum porque así lo han avalado los ciudadanos en las últimas elecciones --legitimidad--, mientras que el Gobierno muestra su rechazo apelando a la ordenamiento jurídico --legalidad--.

   Castellà ha argumentado que la legitimidad va ligada a la legalidad en los Estados democráticos de derecho del entorno cultural europeo, por lo que, sin respeto al Estado de Derecho, "la democracia es revolucionaria y por lo tanto no tiene límites al poder".

   "En cambio, la democracia constitucional compagina la legitimación democrática con el control del poder, la garantías de los derechos fundamentales y el sometimiento al derecho de autoridades y ciudadanos", reflexiona el jurista, doctor en Derecho y profesor de la Universitat de Barcelona (UB).

   Preguntado por si la Comisión puede pronunciarse sobre Catalunya, Castellà concreta quién está legitimado para dirigirse a este órgano: los Estados miembros, así como los órganos del Consejo de Europa, particularmente la Asamblea Parlamentaria o sus comisiones, el Comité de Ministros o el Congreso de Poderes locales y regionales.

   Aunque cada caso presenta sus "singularidades", Castellà señala que hay dos informes de la Comisión relativos a referéndums de secesión, el de Montenegro de 2005 y el de Crimea de 2014, y también se ha pronunciado sobre referéndums constitucionales y ha elaborado un código de buenas prácticas.

LEY DEL REFERÉNDUM

   La Generalitat ha enviado esta carta a la Comisión sin especificar el marco legal con el que convocará a los ciudadanos y, preguntado por ello, Castellà señala que la Comisión aborda "reformas constitucionales o leyes relativas a cuestiones constitucionales y de derechos humanos una vez son publicadas".

   En estos asuntos, el jurista recuerda que la finalidad de la Comisión es asesorar sobre la adecuación que presentan estas reformas o normas "a los estándares jurídicos europeos".

   Según explica Castellà, la función de los juristas como él es debatir los informes que le plantean a la Comisión, además de intervenir en la elaboración de estos informes como ponentes; también participan en foros académicos y en misiones de "supervisión electoral".

   Cada Estado miembro de la Comisión, ahora son 61, designa a dos miembros normalmente especialistas en derecho constitucional, éstos no tiene ningún mandato y actúan "libremente", de acuerdo con criterios jurídicos y no representando a los Estados.

   Expone que, siendo él miembro de la Comisión, nunca se han votado los informes y todos se han adoptado por consenso; en el caso de España, el encargado de designar a sus dos miembros es a propuesta del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

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