"Sin duda el tesorero del partido no estaba solo"
BARCELONA, 30 May. (EUROPA PRESS) -
El fiscal del caso Palau considera que los tesoreros de CDC sólo eran "el gatillo de la pistola" del partido para el supuesto cobro de comisiones ilegales de los convergentes a la constructora Ferrovial a cambio de concesiones de obras públicas, y que ha cifrado en un total de 6,6 millones de euros.
"Sin duda, el tesorero del partido no estaba solo. A nadie con un mínimo sentido común se le puede escapar que el tesorero solo no puede sostener todo", ha concluido el fiscal Emilio Sánchez Ulled en el juicio, al exponer su informe final este martes sobre la supuesta financiación ilegal de CDC.
Pese a esta convicción, Ulled ha explicado que decidió acusar solamente al extesorero Daniel Osàcar --dado que su antecesor, Carles Torrent, murió-- y al partido como entidad, pero no a otros cargos: "Me quedo con aquello que pueda demostrar".
Así, ha indicado que el autor de un delito de tráfico de influencias fue el tesorero, y que los exresponsables del Palau Fèlix Millet y Jordi Montull fueron cooperadores necesarios ya que fueron imprescindibles para la plasmación práctica del delito, así como los exdirectivos de Ferrovial y la exdirectora del Palau Rosa Garicano.
El fiscal no acusó, por ejemplo, al exconseller y ahora diputado del PDeCAT Germà Gordó pese a que la agenda de Millet recoge que asistió a una reunión con Montull y Jaume Camps en abril de 2005 en un hotel de Barcelona.
No pidió investigarle pese a llamarle "poderosamente la atención" la mención de la asistencia de Gordó --exresponsable organizativo de CDC-- a la reunión, justamente, en un momento en el que CDC no tenía tesorero: Torrent había muerto y Osàcar aún no había sido designado.
COMISIONES DEL 4%
El fiscal sostiene que el Palau de la Música "era la cañería por la que transitaba el dinero" que Ferrovial pagaba a CDC a cambio de obras públicas y que, como norma general, representaban un 4% del proyecto: 2,5% para el partido y 1,5% a repartir entre Millet y Montull.
Una de las vías de la supuesta financiación ilegal se produjo a través de la Fundació Trias Fargas, vinculada a CDC: Ferrovial entregaba dinero al Palau camuflado como patrocinio, la institución pasaba los fondos a la fundación, y ésta al partido "en un trasvase recurrente de fondos", sostiene Ulled.
En este sentido, el fiscal cree que Osàcar miente al decir que los fondos que el Orfeó --una de las instituciones que conforma el Palau-- a la Trias Fargas fueran para proyectos culturales para que se organizaran sardanas en vez de sevillanas, una justificación que Ulled cree que muestra un "mecanismo etnicomental muy particular".
CRITERIO DE "PRUDENCIA"
El fiscal ha justificado que en su acción acusatoria se ha regido por un criterio de prudencia y no ha acusado de un delito de prevaricación a los responsables de la administración puesto que no considera suficientemente probado que las adjudicaciones a Ferrovial fueran "arbitrarias".
Así, a su entender, las adjudicaciones no fueron arbitrarias porque todas las empresas que optaban al concurso podían merecer ganarlo, pero al final se le daba "al que engrasa", y considera que hubo una conducción teledirigida y retribuida con dinero.
El fiscal considera que este caso demuestra que "el problema es que se paga, porque, si no, no hay oportunidad, y porque parece ser que se interioriza con normalidad que esa forma de garantizar la adjudicación".
Ha explicado que, si bien en un primer momento se pagaba la comisión automáticamente después de obtener una adjudicación, después se instauran unos pagos a plazos no directamente vinculados a una obra concreta: "El pago a plazos supone tener amarrado al que cobra. No solo para que me des una obra concreta, sino para garantizar que me van a llegar un flujo de adjudicaciones".
COMISO DE 6,6 MILLONES
El fiscal ha recordado que precisamente pide el comiso de los 6,6 millones de euros que supuestamente se embolsó CDC porque es el efecto del delito, y ha puntualizado que considera que debe abonarlo Convergència "o quien le haya sucedido", en alusión implícita al PDeCAT.
El fiscal también acusa a los exresponsables de Ferrovial Pedro Buenaventura y Juan Elizaga de administración desleal, pese a que la empresa se benefició de ello al obtener presuntamente adjudicaciones, porque considera que hubo un abuso de cargo y disposición fraudulenta de los fondos sociales.
