Lo apoyan JxSí, SíQueEsPot y CUP frente al rechazo de Cs, PSC y PP
BARCELONA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Parlament ha aprobado este jueves una moción de JxSí para elevar a instancias internacionales una "queja formal" por los procesos judiciales contra cargos electos soberanistas, como el que hay en marcha contra la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, y otros cuatro miembros de la Mesa.
La iniciativa ha prosperado con la unión de JxSí, SíQueEsPot y la CUP --los tres tienen representantes encausados--, además del diputado no adscrito Germà Gordó, mientras que Cs, el PSC y el PP han votado en contra.
En el caso de SíQueEsPot la votación ha sido parcial, ya que no han participado 7 de sus 11 diputados: sólo han votado --y a favor-- Joan Coscubiela, Joan Josep Nuet, Albano-Dante Fachin y Àngels Martínez, mientras que el resto se ha ausentado, como varios representantes de otros partidos.
La moción reprueba los procesos judiciales contra el soberanismo y se compromete a trasladar quejas formales al Consejo de Europa, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, al comisario de Justicia de la UE y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo.
CONTRA "LAS AMENAZAS"
El texto rechaza "la escalada de amenazas y de acciones por parte del Gobierno del PP y otros representantes institucionales" para impedir el referéndum y ratifica su compromiso activo en la defensa de las instituciones catalanas y sus representantes.
También insta al Govern a apoyar a los cargos electos "perseguidos por ejercer la libertad de expresión", un derecho que pide considerar como fundamental.
Para garantizar la libertad de expresión, la moción ve imprescindible que la justicia "acepte y actúe con respeto al principio de inviolabilidad parlamentaria", que es al que se han acogido Forcadell y los miembros de la Mesa en sus declaraciones ante el juez.
La moción destaca que los procesos judiciales contra cargos electos vulneran este principio y por eso deben llevarse ante la comunidad internacional, teniendo en cuenta que constata una "regresión democrática" en el Estado, incompatible con las jurisdicciones del TEDH y el Convenio de Europeo de derechos humanos (Roma, 1950).
Con la aprobación de la iniciativa, el Parlament pide a la "comunidad internacional su apoyo" a la causa soberanista y, en concreto, a que el Ejecutivo central permita y facilite un referéndum de independencia.
La iniciativa también condena el "uso desproporcionado del Código Penal" que hace el Estado y la erosión de la separación de poderes, y alerta de amenazas explícitas sobre el uso de la fuerza que en las últimas semanas han hecho representantes del Gobierno central contra la celebración de un referéndum.
HACER JUSTICIA
Antoni Balasch (JxSí) ha reivindicado la moción como necesaria para hacer justicia en dos ámbitos: denunciar internacionalmente "las amenazas de un Estado que equipara el referéndum con un golpe de Estado y acabar con el 'mobbing' a la libertad de expresión".
Joan Josep Nuet (SíQueEsPot), uno de los miembros de la Mesa investigados por el proceso soberanista, ha defendido el posicionamiento de su grupo ante la moción: como ya dijo el lunes ante el juez, ha reivindicado la inviolabilidad de los diputados y su derecho constitucional a expresar libremente pensamientos y votos.
Desde la CUP, Anna Gabriel ha urgido a constituir una comisión internacional sobre el referéndum para que actúe como "observadora de lo que está haciendo el Estado" contra el referéndum, así como concretar cuanto antes las medidas para que sea efectivo y vinculante, y para que puedan votar los catalanes en el extranjero.
REPROCHES
El portavoz de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha calificado la iniciativa de vergonzosa y, aunque ha admitido que la justicia está politizada y debería mejorar, ha acusado a los independentistas de buscar pretextos para "saltarse las leyes impunemente".
Ferran Pedret (PSC) considera que hay un proceso de degradación y de recortes de derechos y libertades en toda Europa, pero que esto no justifica que los soberanistas puedan crear un relato falso diciendo que España es un estado no democrático "del que valdría la pena irse corriendo".
Alejandro Fernández (PP) ha calificado la moción de "escombro democrático con lenguaje inflamado y de una altura literaria ínfima", y ha acusado al soberanismo de ser alta burguesía que se comporta como si fuera la minoría armenia masacrada.
