Patronales acusan al Gobierno central de penalizar a la industria catalana

Publicado 12/05/2017 14:15:21CET

   BARCELONA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

   Cinco organizaciones empresariales catalanas han acusado al Gobierno central de penalizar a la industria catalana después acordar con el PNV un cambio de tarifa energética en las líneas de distribución de tensión entre 30 y 36 kV que, según ellas, mantendrá un sobrecoste estimado de 200 millones de euros anuales para las empresas industriales de Catalunya.

   En un comunicado, Cecot, la Federación Empresarial del Metal (FEM), la Federación de Organizaciones Empresariales de Girona (Foeg), Texfor-Confederación de la Industria Textil y la Unión Patronal Metalúrgica (UPM) han explicado que han enviado una carta al presidente del Gobierno y a los ministros de Energía y de Economía para mostrar su "más rotundo desacuerdo" ante esta decisión.

   Las organizaciones la atribuyen a "únicamente criterios políticos" y aseguran que tiene un importante impacto sobre la competitividad de la industria catalana y que atenta contra la unidad de mercado.

   El acuerdo alcanzado entre el PP y el PNV para los Presupuestos Generales del Estado comprende englobar las tensiones de 30 a 36 kV en la tarifa 6.2 a partir de 2018, lo que conlleva según el comunicado que las empresas ubicadas en Andalucía, País Vasco, Navarra, Castilla y León, Cantabria y Asturias puedan beneficiarse de la reducción de tarifa energética, equiparándose así a las empresas ubicadas en la Comunidad de Madrid.

   Han alertado de que, con esta decisión, se mantendrá un sobrecoste de 200 millones de euros para las 3.277 empresas catalanas que se encuentran en redes eléctricas de 25 kV.

   PLATAFORMA Kv 25/30

   Las organizaciones empresariales han recordado que la Plataforma Kv 25/30, que nació en 2016 con el objetivo de defender los intereses de casi 6.000 empresas de todo el Estado, compareció en febrero en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Senado para explicar la discriminación tarifaria que afecta a cerca de 5.800 empresas en toda España.

   Ante esta problemática, la plataforma aseguró que estas 5.800 empresas se encuentran en un tramo tarifario que no les corresponde, lo que se traduce en "una incoherencia regulatoria que supone una arbitrariedad que origina inseguridad jurídica, discrimación y sobrecostes".

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