Patronales celebran el nuevo decreto catalán de horarios comerciales

Comercios En Sant Cugat Del Vallès, Barcelona
EUROPA PRESS
Actualizado 30/10/2012 19:35:40 CET

BARCELONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Comercio de Catalunya (CCC) y Pimec Comerç han celebrado que el Govern haya aprobado este martes su propio decreto de horarios comerciales, que presenta diferencias con la liberalización impulsada desde el Gobierno central, y que según han destacado ambas patronales, pone fin a la invasión de competencias y a la inseguridad jurídica.

En un comunicado, la CCC ha celebrado que el nuevo decreto permite el equilibrio de formatos comerciales en Catalunya en un momento de contención del consumo, destrucción de puestos de trabajo y cierre de establecimientos: "De no haberse hecho este decreto, se hubiera acelerado esta situación".

El presidente de Pimec Comerç, Alejandro Goñi, ha celebrado que se haya puesto freno a "medidas ideológicas y no de reactivación económica" impulsadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, y ha considerado que las medidas liberalizadoras del Gobierno sólo provocaban, según Goñi, que muchos comerciantes sucumbieran ante la posición dominante de las grandes superficies.

Así, ha celebrado que el decreto permita un equilibrio entre los grandes equipamientos y el comercio de proximidad, para que sea el consumidor quien escoja, y ha destacado que la medida permite evitar "daños de difícil reparación" en el tejido comercial catalán.

Según el decreto que ha acordado el Consell Executiu, en Catalunya se podrá abrir un máximo de 72 horas semanales de lunes a sábado; se autorizará abrir ocho domingos o festivos anuales, y quedan excluidos del horario comercial general los establecimientos de alimentación con una superficie de hasta 150 metros cuadrados.

En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, el portavoz del Govern, Francesc Homs, ha dicho que con este decreto, "los inspectores de la Generalitat no tendrán dudas sobre qué normativa aplicar", ya que hasta ahora se encontraban con la duda de si la ley vigente era la que ha impulsado el Gobierno o la que ya existía en Catalunya.

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