Pide incluir a familias monoparentales entre los posibles beneficiarios
BARCELONA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -
El síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha considerado que el procedimiento y la documentación requerida para solicitar el nuevo bono social eléctrico "conlleva demasiada complejidad", y ha pedido que se valore si toda la documentación que se requiere es estrictamente necesaria y que la administración no pida información de la que ya dispone.
Se trata de una de las propuestas de mejora que Ribó ha trasladado a más de 30 poderes públicos de todo el Estado, entre las que figuran la de aplicar el bono social de forma directa a todas las personas que viven en viviendas sociales e incorporar a las familias monoparentales entre los colectivos de posibles beneficiarios, ha explicado este martes en un comunicado.
También ha pedido que se valore cuánta población queda desatendida con la nueva regulación, que puede suponer "un retroceso en derechos", ya que no se aplicará el bono de forma automática en hogares con potencia inferior a 3kW, como se hacía anteriormente, al relacionar esta potencia limitada con hogares vulnerables, con instalaciones antiguas y escaso equipamiento eléctrico.
La Ley catalana sobre la pobreza energética prevalece sobre el Real decreto que regula el nuevo bono social en lo referente a prohibir la suspensión del suministro de electricidad en situaciones de vulnerabilidad, ha defendido.
Las empresas suministradoras que tengan que realizar un corte de suministros "tendrán que solicitar previamente un informe a los servicios sociales municipales", ha recordado.
MINISTERIOS Y CONSELLERIES
Ha presentado las propuestas al Defensor del Pueblo estatal y a los 'ombudsmen' autonómicos, así como a los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados y a varios ministerios del Gobierno central y consellerias del catalán.
El documento es resultado de una investigación surgida de una actuación de oficio sobre el nuevo decreto que regula el bono social --un real decreto del 6 de octubre--, que ha llevado al síndic a reunirse con los principales agentes del ámbito.
Ha llamado a aclarar o suprimir el requisito del 50% del pago de las facturas, porque los servicios sociales no se guían por una factura, sino por varias variables: "No parece que haya garantía de que las administraciones competentes en servicios sociales dispongan de recursos suficientes para cubrir todas las necesidades que se puedan generar".
ELIMINAR LA NECESIDAD DE RENOVAR
Entre las propuestas, Ribó ha instado a suprimir la obligación de solicitar la renovación del bono social cada dos años, para que se mantenga mientras lo hacen las condiciones para obtenerlo, así como eliminar la obligación de prorratear el límite de consumo de la misma forma todos los meses del año.
Ha urgido a que la administración de cada comunidad autónoma "decida sin dilación cuál será el órgano designado para la gestión del bono social" y para recibir las listas de titulares requeridos de pago y traslado de la información a los servicios sociales.
