La síndica de Barcelona pide al consistorio parar el cobro de deudas en casos de vulnerabilidad

 

La síndica de Barcelona pide al consistorio parar el cobro de deudas en casos de vulnerabilidad

La Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà
EUROPA PRESS
Actualizado 04/07/2015 0:28:29 CET

BARCELONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha propuesto al Ayuntamiento parar el cobro de deudas tributarias en los casos de personas con clara vulnerabilidad económica, ha informado este lunes la Sindicatura en un comunicado.

Vilà se refiere a ello en un par de informes de ciudadanos a quienes el consistorio reclama una deuda y no la pueden pagar por la precariedad en la que viven, ya que solo cobran la Renta Mínima de Inserción (RMI) o una pensión de un importe similar al sueldo mínimo interprofesional.

Lo ejemplifica con que hay a quienes les es muy difícil pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por su delicada situación económica o que han decidido renunciar a su vehículo porque no pueden pagar los gastos para recuperarlo después de que fuera retirado por la grúa.

La defensora del ciudadano recomienda al Ayuntamiento que compruebe las situaciones donde se tenga conocimiento o indicios de que el saldo de la cuenta bancaria embargada solo procede de conceptos retributivos no embargables y, si se da el caso, deje sin efecto o suspender el embargo, sin perjuicio de la posibilidad de declarar la insolvencia del deudor, como prevé la ley.

Ha añadido que la Ordenanza fiscal municipal prevé los supuestos en que no se pueden cobrar los créditos por insolvencia de los deudores y responsables subsidiarios, y sugiere que el Ayuntamiento compruebe el estado de insolvencia del reclamante y, si se tercia, declare la baja provisional o definitiva del crédito.

También se han detectado casos en que se ha intentado cobrar la plusvalía por la pérdida de la vivienda habitual por dación en pago, lo que debería quedar resuelto con la reciente aprobación de un Real decreto del Gobierno central que obliga desde enero a los ayuntamientos a no cobrarla con efectos retroactivos de cuatro años.

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