Pide más plantilla en la Urbana y que la ordenanza de civismo sea un código de buenas prácticas
BARCELONA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, llevó a cabo en 2016 un total de 3.344 actuaciones, de las cuales 1.735 fueron consultas y 1.609 quejas, entre las que destacan las vinculadas a los servicios sociales, a la movilidad y al turismo, ámbito en el que hubo 123 quejas --subiendo de 28 de 2015--, 108 de las cuales por la campaña del Ayuntamiento para que ciudadanos alerten de los pisos turísticos que operan ilegalmente.
Vilà ha defendido en rueda de prensa que se deben perseguir los pisos turísticos ilegales porque no contribuyen y no se pueden controlar y, preguntada por los medios por esta campaña, ha dicho: "La demanda de esta colaboración ciudadana no me parece mal. Quien quiera que lo haga y quien no, que no lo haga".
Ha avisado de que el precio del alquiler en la ciudad está aumentando en parte por los pisos turísticos, algo que provoca la "expulsión" de vecinos y familias, y ha pedido al Gobierno central y a la Generalitat medidas para controlar los precios del alquiler, ya que excede el ámbito competencial del Ayuntamiento.
Del total de 1.609 quejas que recibió la Síndica --por encima de las 1.541 de 201--, 232 fueron por el ámbito de transporte público, circulación de vehículos y señalización; 200 por actividad económica --donde se engloba el turismo---; 152 por medio ambiente ---incluye el ruido--; 150 por servicios sociales, y 137 por vivienda.
Otras 97 fueron por hacienda municipal; 95 por urbanismo; 66 por procedimientos administrativos; 64 por seguridad ciudadana y libertad cívica; 63 por educación, cultura y deporte; 48 por el uso y mantenimiento del espacio público; 44 por atención, comunicación y participación; 35 por función pública; 32 por ciudadanía e inmigración, y 20 por accesibilidad, que se suman a otras 139 quejas no competenciales que se han derivado a otros organismos.
En cuanto a los servicios sociales, la Síndica ha atendido casos vinculados a la atención a ancianos, a la ley de dependencia, a menores extranjeros sin referentes familiares y demandas de servicios sociales básicos, entre otros, y ha expresado su preocupación por la sobrecarga de los centros de servicios sociales y que en la atención a personas vulnerables "no debería haber presupuesto, sino que debería ser abierto".
URBANA Y ORDENANZA DE CIVISMO
La Sindicatura recibió en 2016 un total de 64 quejas en el ámbito de seguridad ciudadana, diversas de vecinos asegurando que la Guardia Urbana no acudió aunque llamaron por ruidos o altercados, ante lo que Vilà ha lamentado que agentes ofrecen una versión contradictoria y no existen mecanismos para comprobarlo, y ha pedido ampliar la plantilla actual, "porque no es suficiente la que hay actualmente", lo que provoca una desatención ciudadana, según ella.
Ha citado un caso "muy lamentable" en el que vecinos alertaron al teléfono de emergencias 112 de que una mujer estaba siendo agredida al salir de su casa pero no se presentó la Guardia Urbana aunque volvieron a llamar, caso sobre el que pidió información la Síndica y ante el que aseguraron que había habido un error en la llamada y que existe un extenso protocolo ante casos de violencia machista, respuesta que Vilà estudia si es suficiente.
Vilà ha insistido en abogar por modificar la Ordenanza de Convivencia para que no criminalice a los colectivos más vulnerables --ha citado a niños que juegan en la calle, a personas 'sin hogar' y a prostitutas--, y ha planteado sustituirla por un código de buenas prácticas y hacer pedagogía en lugar de sancionar al primer aviso.
"Primero se debe advertir y hacer pedagogía. No se les debe multar de entrada, y con multas absolutamente desproporcionadas", ha aseverado Vilà, quien ha defendido que debe existir un orden pero que debe ser ponderada, y excluir de la responsabilidad infractora a los menores de 14 años, sin prejuicio de la responsabilidad civil que puedan tener sus padres o tutores.
MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD
Los ciudadanos presentaron 20 quejas vinculadas a la accesibilidad y a la movilidad personal, ámbito en el que Vilà ha pedido al Ayuntamiento alentar a la Generalitat a hacer accesibles todas las estaciones de la red de Metro, y ha exigido también garantizarla en todas las escuelas y edificios de servicios de la ciudad, en la que también pide más zonas de juego infantil adaptadas a menores con alguna discapacidad.
Sobre movilidad, ha destacado que muchas reclamaciones han sido por multas por no haber validado correctamente la tarjeta al acceder al transporte público, porque fueron por errores en la máquina o porque en "diversos" casos la tarjeta era una falsificación pero lo desconocía el usuario, y también otros fueron multados por llevar un título personal pero no el DNI o una identificación que pudiera demostrar que era suyo.
Recibió 48 reclamaciones sobre el espacio público, muchas vinculadas a terrazas y a molestias en las calles y plazas, y ha pedido una "reflexión importante de los requisitos de actividades lúdicas y sobre los decibelios que provocan los conciertos, para que se hagan en lugares donde no resida tanta ciudadanía, para evitar molestias".
