Los socios del Govern votan en contra de exigir el nivel C de catalán a los abogados de oficio

 

Los socios del Govern votan en contra de exigir el nivel C de catalán a los abogados de oficio

Actualizado 18/09/2008 20:12:44 CET

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los tres grupos que apoyan al Govern, PSC, ERC e ICV-EUiA, votaron hoy en contra de exigir el nivel C de lengua catalana a los abogados de oficio, como propuso CiU en el Parlament. Según el tripartito, los actuales y futuros convenios con los colegios de abogados ya garantizan la asistencia en la lengua que el cliente prefiera.

En una propuesta de resolución presentada el 2 de noviembre de 2007 ante la Comisión de Justicia, Derecho y Seguridad Ciudadana del Parlament y votada hoy, CiU pretendía que el Govern "garantice de forma efectiva" que todas las personas que utilicen los abogados del turno de oficio "puedan ser atendidas en catalán, de manera que exija" a los abogados la "acreditación del nivel C de catalán o equivalente".

Para hacerlo efectivo, la Conselleria de Justicia tendría que "fijar" esta "condición" como una cláusula del convenio que firme con el Consejo de Ilustres Colegios de Abogados de Catalunya y, "de forma paralela, colaborará con los Colegios de Abogados de Catalunya (CICAC) para que ofrezcan cursos para acreditar el nivel C entre sus colegiados".

El tripartito presentó una enmienda que, en cambio, insta a "continuar las actuaciones correspondientes para garantizar que todas las personas" que utilicen el turno de oficio puedan ser atendidas en "cualquiera" de las lenguas oficiales.

Igualmente, la cláusula de los convenios con los colegios de abogados, según los partidos de gobierno, tendría que "garantizar que los profesionales que presten el servicio puedan atender y prestar la orientación y asistencia jurídica en la lengua que escoja" el usuario. De hecho, hace pocos días se firmó el convenio entre Justicia y el CICAC que ya dice garantizar este derecho.

En su intervención, la diputada de CiU y ex consellera de Justicia Núria de Gispert dijo que la normalización lingüística en el ámbito judicial "va hacia abajo desde hace cinco años, con la llegada del tripartito".

La moción de CiU fue rechazada por los votos de la mayoría de gobierno y la abstención del PP. El diputado popular Jordi Montanya dijo que está a favor de hacer "esfuerzos" para normalizar el uso del catalán en la Justicia, que admitió que en los últimos tiempos han disminuido, pero consideró que no hay que obligar a tener el nivel C y que sería un "agravio comparativo" con los procuradores.

DESACUERDOS EN JUSTICIA

En otras cuestiones relativas a la Administración de Justicia, CiU acordó con los socios del Govern impulsar una modificación normativa en el Congreso de Diputados para que Barcelona tenga órganos judiciales para tratar los litigios sobre normativa europea sobre marca comunitaria, dibujos y modelos comunitarios que se generen en Catalunya.

De esta forma, las empresas catalanas afectadas por juicios sobre patentes y marcas no tendrían que desplazarse hasta Madrid, donde existe el juzgado único sobre esta materia en España.

CiU había presentado una moción que abogaba por "implementar" un juzgado de Primera Instancia y una sección de la Audiencia de Barcelona, pero aceptó la enmienda del tripartito para que sea uno de los juzgados mercantiles de la capital catalana y la Audiencia Provincial los que sean competentes en esa materia. El PP también votó a favor.

En cambio, las propuestas de resolución de CiU para mejorar la situación en los juzgados mercantiles y los registros civiles no consiguieron el apoyo de los partidos del Govern.

El aumento de asuntos en los juzgados mercantiles los ha casi colapsado en los últimos años. A pesar de las peticiones de la Conselleria de Justicia y de los propios juzgados, el Gobierno central no ha dotado de suficientes órganos con la rapidez necesaria, según los partidos. No obstante, el diputado de ICV Salvador Milà dijo que todo lo que pide CiU "ya se está haciendo".

Similar respuesta recibió la federación nacionalista al pedir el incremento de recursos humanos y materiales en los registros civiles, varios de ellos al borde del colapso por los numerosos expedientes de nacionalización.

DISCRIMINACIÓN A LOS MOSSOS

CiU también reprochó al Govern que dé un "trato discriminatorio" a los mossos d'Esquadra discapacitados, ya que considera que el acuerdo alcanzado por la Conselleria de Interior con todos los sindicatos para la segunda actividad todavía deja a algunos agentes puedan perder el empleo tras tener un accidente o una enfermedad.

Igualmente, la diputada Elena Ribera recriminó el "incumplimiento flagrante" de una moción del Parlament de marzo de 2007 que instaba a tomar medidas "transitorias" hasta que no se regulase directamente la cuestión. Según CiU estas medidas no se han aplicado, pero el diputado de ICV Jaume Bosch respondió que estas medidas requieren un "cambio normativo" previo.

Ribera criticó que el Govern recurra sentencias que dan la razón a agentes a los que no se les ha aplicado la legislación de segunda actividad --la que pasan a desarrollar los agentes afectados por alguna enfermedad o lesión y los más veteranos-- recogida en la Ley general de la Seguridad Social o la propia Ley de Mossos, y que el acuerdo alcanzado con los sindicatos no se ampliara a la Asociación para la Integración Laboral de Mossos d'Esquadra con Discapacidad (AIL-MED).

De hecho, la entidad impugnó el acuerdo ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) el 5 de septiembre. Bosch respondió a Ribera que la Conselleria llegó a un acuerdo con los sindicatos porque son los que son "representativos" de los agentes.

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado y publicidad acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra política de cookies -
Uso de cookies