El tripartito aprueba la nueva Ley de Iniciativa Popular, que permitirá participar a los inmigrantes mayores de 16 años

Actualizado 02/02/2006 14:09:03 CET

Saura denuncia la "contradicción" del PP al votar en contra cuando promueve "la payasada" de una recogida de firmas "inconstitucional"

BARCELONA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament de Catalunya aprobó hoy la nueva Ley de Iniciativa Legislativa Popular con los votos del tripartito catalán y el rechazo de CiU y PP. Entre otras medidas, la nueva ley permitirá a los extranjeros mayores de 16 años y con el correspondiente permiso de residencia suscribir iniciativas legislativas populares, según el proyecto de ley al que dio luz verde la semana pasada la Comisión de Organización y Administración de la Generalitat y Gobierno Local del Parlament.

El proyecto de ley rebaja de 65.000 a 50.000 las firmas exigidas para la presentación de propuestas normativas por parte de la ciudadanía y permite que los mayores de 16 años, con la "condición política de catalanes" o extranjeros regularizados, puedan ejercer este derecho.

El conseller de Relaciones Institucionales y Participación, Joan Saura, presentó hoy el proyecto de ley en el Parlament como "una ley que mejora e incrementa la calidad de la democracia", que responde "al pacto del Tinell" y a la "voluntad del Gobierno catalán de fomentar e impulsar la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos" y de "propiciar la radicalidad democrática".

Saura aprovechó la aprobación de esta ley para denunciar ante los medios "la payasada" que "está haciendo el PP" con una "recogida de firmas que es inconstitucional" y remarcar la "contradicción" que esta iniciativa supone con el voto negativo de los populares a una ley que pretende fomentar la participación ciudadana. Saura destacó además la "importancia política" del debate que propició esta reforma legislativa, al constatar que "la derecha, el PP y CiU, se niegan a que los jóvenes de 16 a 18 años y los inmigrantes legales, que trabajan y pagan impuestos en catalñunya, puedan participar en estos procesos", una actitud que quiso "denunciar".

El relator del proyecto y diputado del PSC, Antoni Comín, criticó también el 'no' del PP catalán "ahora que Rajoy se ha convertido en el principal promotor de la democracia participativa en España", con una iniciativa de recogida de firmas que tiene el "mérito", dijo, de "saltarse la Constitución dos veces con una sola iniciativa", al convocar un referéndum estatal sobre "una Ley Orgánica, cosa que no permite la Constitución", que además "reserva la prerrogativa" de convocar referéndums "al presidente del Gobierno".

"Estamos extrañadísimos de que el PP de Catalunya haya decidido tan pronto volver a desmarcarse de las directrices de Génova" al votar contra esta norma justo cuando su presidente, Mariano Rajoy, "intenta hacer entrar España en el paraiso de la democracia directa" y "se ha convertido al encanto de la ecogida de firmas", ironizó Comín.

Comín explicó el rechazo de los grupos del tripartito a las 3 enmiendas presentadas por CiU y a las 19 enmiendas vivas del PP de Catalunya --sólo se aprobó una transaccional--, recordando que en comisión se habían aceptado 6 y transaccionado 5 modificaciones de los populares.

Mientras el PP insistía en sus enmiendas en que la edad mínima se mantenga en los 18 años en ambos casos, CiU enmendaba además la legitimación de los extranjeros para participar en estos procesos legislativos y planteaba también modificaciones para disminuir el número de firmas requerido para iniciativas de alcance territorial menor a Catalunya.

El diputado socialista dijo no entender que por estas "dos cuestiones" --edad mínima e iniciativas territoriales-- CiU y PP votaran en contra de todo el proyecto y acusó a ambos grupos de tener "una visión conservadora y de derechas" de la inmigración que cree "que los extranjeros sólo están aquí para trabajar".

UNA LEY PARA "QUEDAR BIEN", SEGÚN CIU.

El diputado de CiU Francesc Homs calificó de "desconcertante" que se permita a los extranjeros de más de 16 años participar en este tipo de iniciativas legislativas y aseguró que, técnicamente, será muy complicado aplicar este precepto, por lo que acusó al tripartito de cometer "un acto de gran irresponsabilidad política". Homs afirmó que la motivación real del tripartito para reformar la ley de ILP es "quedar bien" con los ciudadanos, hecho que consideró "muy triste" y "especialmente grave", y argumentó que las modificaciones que eran necesarias "ya están hechas" en la reciente reforma del Reglamento del Parlament.

"¿Quién ha levantado la bandera de pasar de los 18 a los 16 años? ¿Es esta la prioridad para los jóvenes de nuestro país?", preguntó, y consideró que "es como decirle a la gente joven que, ante sus problemas e inquietudes, el tripartito les invita a recoger 50.000 firmas". Homs criticó también que no se aceptara su enmienda sobre las iniciativas territoriales y acusó al Gobierno catalán de "tener miedo" a "dar voz al territorio".

El diputado del PP Rafael López denunció que el proyecto de ley "ya venía blindado" y decidido "por el tripartito" antes incluso de su aprobación en la comisión, en la que acusó a los representantes de los grupos del Gobierno de "haber trabajado más como delegados del poder ejecutivo que como miembros del legislativo".

El proyecto de ley actualiza la actual normativa aprobada en 1995 sobre la iniciativa legislativa popular, que limitaba a los mayores de edad inscritos en el censo electoral y sin ningún tipo de inhabilitación la participación en este tipo de procesos.

El conseller Saura justificó la "necesidad" de esta nueva ley por la "complejidad" de la normativa actual, que dificultaba la presentación de este tipo de iniciativas. Así, recordó que, desde que entró en vigor la actual ley en 1995, los ciudadnos han impulsado 21 en las Cortes, de las que "sólo prosperó una", mientras que al Parlament de Catalunya se elevaron 6 leyes por ILP "y prosperaron tres, las relativas a selecciones deportivas, a la educación de 0 a 3 años, y la de incineración", aunque en este último caso recordó que al final del proceso "los promotores dijeron que la ley surgida iba en contra de lo que pedían".

La nueva normativa, al descender la edad límite para la participación, obliga a habilitar a las secretarías de los ayuntamientos para poder acreditar el empadronamiento de los firmantes, ya que los menores de 18 años no figuran en el censo electoral. Esta función también la podrá llevar a cabo el Institut d'Estadística de Catalunya.

Además, mientras no haya ley electoral catalana, las funciones de control que la ley asigna a la Junta Electoral las realizará una comisión formada por tres catedráticos de derecho constitucional y ciencia política, tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y tres juristas de reconocido prestigio nombrados por la Mesa del Parlament a propuesta de los grupos.

El proyecto de ley también reduce de 65.000 a 50.000 las firmas válidas exigidas para que la iniciativa se tramite en el Parlament, lo que significa aproximadamente un 1% del censo electoral, y se amplía de 90 a 120 días, prorrogable por causas justificadas, el proceso de recogida de firmas. El PP plantea ampliarlo a 150 días hábiles.

La ley prevé que la comisión promotora de la iniciativa pueda estar presente en las diferentes fases de la tramitación parlamentaria, y para sus funciones la ley se remite al reglamento del Parlament, que le permite participar en el debate a la totalidad de las iniciativa en cuestión, participar también en las comisiones parlamentarias correspondientes durante la fase de consultas con las organizaciones de la sociedad civil y retirar el texto si lo consideran adecuado hasta justo antes de la votación en pleno.