La venta del Ecoparc de Constantí obliga a la Generalitat a pagar 7,3 millones de indemnización

El Director De La ARC, Josep Maria Tost
EUROPA PRESS
Actualizado 01/03/2013 13:56:22 CET

El Govern prevé ingresar 42,2 millones con la operación

TARRAGONA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La venta de la planta de tratamiento de residuos especiales de Constantí (Tarragona) ha obligado a la Generalitat a pagar hasta el momento 7,3 millones de euros en concepto de indemnización a la empresa Gestión de Residuos Especiales de Catalunya (Grecat), la concesionaria que presta el servicio.

El Govern prevé, no obstante, una vez formalizada la venta de esta instalación, ingresar un mínimo de 42,27 millones de euros, si bien hasta que esta venta no se formalice deberá seguir abonando 200.000 euros mensuales por el servicio que sigue prestando Grecat.

Así lo ha explicado a Europa Press la Conselleria de Territorio y Sostenibilidad, en respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por ICV-EUiA, y que especifica que la "resolución anticipada del contrato" --con vigencia hasta noviembre de 2015-- ha originado el pago de 4,92 millones de euros en concepto de compensación industrial, una cantidad a la que hay que sumar los 200.000 euros mensuales que paga el Govern desde marzo de 2012.

La venta del Ecoparc de Residuos Industriales (Erisa), instalaciones de titularidad pública propiedad de la Agencia de Residuos de Catalunya (ARC), contempla también que la Generalitat se haga cargo de eventuales pérdidas que pueda tener Grecat en su operación durante este tiempo, si bien ésta debe abonar igualmente los eventuales beneficios.

Grecat fue constituida en el año 2000 con la intención de operar el servicio público de gestión de residuos peligrosos en Catalunya, mediante la unión de tres empresas accionistas: la multinacional alemana Basf, Comsa Emte Medio Ambiente y el Grupo Ecocat, han explicado fuentes de la empresa a Europa Press.

UN AÑO DESPUÉS

La decisión de vender las instalaciones fue tomada en marzo del año pasado, en el marco de la ley de medidas fiscales, financieras y administrativas tomadas por la Generalitat para reducir el déficit, que supuso "la supresión de declaración de servicio público de la incineración especial de residuos".

La venta, que se centra en la transmisión de la titularidad de las 1.275 acciones de Erisa a un precio mínimo de venta por cada una algo superior a los 33.000 euros, recibió hasta el 23 de enero ocho ofertas diferentes, aunque el plazo oficial de presentación finaliza a las 12.00 horas del 4 de marzo.

La Generalitat, a pesar del proceso, seguirá ejerciendo el control de la instalación, ya que la planta continúa formando parte de la red de empresas gestoras de residuos.

El municipio de Constantí, como contraprestación a la ubicación de la instalación en el municipio, recibía anualmente unos 60.000 euros para contribuir en la mitad de los gatos de alumbrado público de la localidad, una cantidad de la que deberá de hacerse cargo la entidad compradora, hasta llegar a una cantidad máxima de 64.100 euros en función del incremento del IPC.

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