CEUTA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los presidentes de los gobiernos de Ceuta y Melilla, Juan Vivas (PP) y Juan José Imbroda (PP), han acordado dibujar una estrategia de acción conjunta para exigir un trato "singular y específico" en el futuro sistema de financiación autonómica y para promover cambios "mínimos" en sus Estatutos de ciudades autónomas para "clarificar definitivamente" su rango institucional, reiteradamente equiparado al de entidades locales por los tribunales.
Vivas e Imbroda se han reunido en el Senado junto a los delegados del Gobierno central en ambas ciudades y sus seis parlamentarios nacionales. Al encuentro también han asistido los expertos designados en representación de cada ciudad para la comisión que analiza la financiación autonómica derivada de la VI Conferencia de Presidentes, Joaquín Aranda en el caso de Ceuta y Miguel Ángel Pérez Castro en el de Melilla.
"La experiencia nos dice que cuando Ceuta y Melilla hemos ido de la mano se ha sido eficaz desde la perspectiva de encauzar determinados logros en los ámbitos en los que hemos trabajado de manera conjunta", ha enfatizado Vivas en un comunicado en el que ha hecho hincapié en que "no existe ninguna otra autonomía afectada de las singularidades de Ceuta y Melilla como únicas fronteras terrestres de la UE en África y en relación con el desarrollo económico y la cobertura de los servicios básicos.
Esa situación tiene para la Administración autonómica "consecuencias en el coste de servicios" y una exigencia de "mayores esfuerzos en materia de empleo, vivienda, educación o servicios sociales" que se pretende "trasladar al documento final de la Comisión de Expertos y cuando se elabore el nuevo modelo de financiación o su correspondiente propuesta tendrá que traducirse en un fondo de financiación específico para nuestras dos ciudades".
Reacio a aplicar la Disposición Transitoria V para que Ceuta pueda constituirse en Comunidad Autónoma, Vivas ha pactado con Imbroda impulsar una posible modificación "de mínimos" del Estatuto de Autonomía "cuyo único objeto sería clarificar de manera definitiva este asunto". "Lo que debe quedar claro es que somos ciudades con Estatutos de Autonomía y partir del documento que se redacte tendremos que analizar políticamente las iniciativas que sería conveniente acometer a raíz de esa aportación técnica", ha sentenciado.
La aspiración de las dos ciudades, según sus asesores jurídicos, es "refrendar" su "naturaleza jurídica singular", que pasa porque "somos entidad local y al mismo tiempo autonómica". "Tenemos --ha recordado Vivas-- Estatutos, capacidad para organizar nuestros servicios y gobierno y también potestad legislativa en forma de iniciativa tanto en las Cortes como ante el Gobierno de la Nación, además de competencias propias de las comunidades autónomas que permiten a sus Gobiernos participar en el Consejo General de Política Fiscal y Financiera, las conferencias sectoriales o la Conferencia de Presidentes. CGPFF: ese es el estatus que queremos defender y vamos a defender por todas las vías legales y jurisdiccionales que sean necesarias".
Para terminar, en medio de la conflictividad social creciente en Ceuta por el colapso diario y continuo de su único paso fronterizo con Marruecos, el del Tarajal, Vivas e Imbroda han coincidido en la necesidad de pedir apoyo al Gobierno de la Nación y a la UE. "Físicamente tenemos una capacidad limitada de absorción, pero es obligación de todos poner los medios necesarios para que la presión no repercuta de manera negativa en la circulación, mantenimiento de los servicios y que tampoco sea un obstáculo para las oportunidades que el hecho fronterizo ofrece en el empleo o en el comercio", ha señalado Vivas.
A juicio del presidente de Ceuta, el problema solo tiene una solución, que Marruecos "colabore" de forma real y efectiva en la regulación de los flujos de personas y vehículos que entran y salen de la ciudad autónoma a diario, que se pretenden separar físicamente entre los que acceden a territorio español para adquirir todo tipo de mercancías que se introducen en el Reino alauita (el comercio "atípico" o "transfronterizo" que para el país vecino es "contrabando" consentido) y el de clientes y turistas ordinarios.
