MELILLA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla ha puesto este miércoles en libertad con cargos al director general de Seguridad Ciudadana de Melilla, Gregorio Castillo, detenido este martes por la Guardia Civil por su presunta participación en amaños de contratos públicos investigados en la 'operación Tosca', según han informado a Europa Press fuentes judiciales.
El 'número dos' de la Consejería de Seguridad Ciudadana del Gobierno de Melilla (PP), tras prestar durante dos días declaración ante la Guardia Civil y pasar una noche en dependencias de la Comandancia del Instituto Armado, ha sido puesto este miércoles a disposición judicial ante el juez que está encargado del caso, el magistrado Francisco Ramírez Peinado.
Tras tomarle declaración durante toda la tarde, por la noche ha decretado su puesta en libertad con cargos, acusado de la presunta comisión de un delito de prevaricación y con la obligación de firmar en los juzgados de Melilla una vez al mes, han indicado las citadas fuentes.
'OPERACIÓN TOSCA'
Gregorio Castillo ha sido detenido en el transcurso de la llamada 'operación 'Tosca', una intervención por la que este martes se detuvieron a 15 personas entre Melilla, Málaga, Madrid y Gran Canaria --diez de ellos en la ciudad española del Norte de África-- por su presunta relación con varios presuntos delitos contra la Administración Pública.
El procedimiento afecta, no obstante, a un total de 35 personas, "entre los que hay políticos y técnicos de la Ciudad de Melilla, así como responsables de varias empresas".
Una portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha detallado que en los próximos días el juez irá citando para escuchar sus declaraciones a consejeros y técnicos de tres consejerías, que no fueron detenidos este martes pero a los que se relaciona con estos presuntos delitos de prevaricación, malversación fraude y cohecho.
La portavoz del TSJA ha explicado que la instrucción llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción numero 4 de Melilla con este procedimiento, que la Guardia Civil ha denominado 'operación Tosca', "se inició a finales del año 2012 y ha contado con la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil centrada en contrataciones presuntamente fraudulentas entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma y distintas las empresas"
Por último, ha detallado que desde este Juzgado "se han autorizado registros a domicilios particulares, a una empresa pública y a varias sociedades privadas".
