CEUTA, 6 May. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía tiene previsto incoar en los próximos días sendos procedimientos judiciales contra la última Comisión Permanente del Consejo de la Juventud de Ceuta (CJCE) y contra las consejeras de Juventud y Sanidad, Kissy Chandiramani y Adela Nieto (ambas del PP y esta última candidata a las elecciones europeas en el número 34 de la lista de su partido), por los delitos de presunta malversación de fondos y prevaricación, respectivamente, a raíz de la denuncia que hace dos semanas le hizo llegar el primer grupo de la oposición en la Asamblea local, UDCE-IU, tras detectarse un agujero económico superior a los 50.000 euros en la gestión del organismo.
Según informaron a Europa Press fuentes del caso, la intención del destacamento fiscal en la ciudad autónoma es dividir la causa en dos procedimientos distintos después de que UDCE-IU ratificase lo apuntado en su denuncia, donde señalaba que las "irregularidades" detectadas en la gestión económica del Consejo podían "traspasar el ámbito meramente administrativo y circunscribirse al penal".
El Consejo de la Juventud de Ceuta suspendió la Asamblea ordinaria que iba a celebrar el pasado mes de abril para sustituir a la que había sido su presidenta desde 2005, Mariam Mohamed, al detectar deudas en multitud de establecimientos privados, la Seguridad Social y Hacienda por un montante de más de 50.000 euros.
El organismo se nutría exclusivamente de fondos procedentes de la Administración local, con la que mantenía un convenio con la Consejería de Juventud que le reportó el año pasado 55.000 euros para sus gastos generales y el funcionamiento del 'Ciber-Espacio Joven' y otro con el departamento de Sanidad, del que en 2009 iba a recibir 75.886 euros, según la información a la que ha tenido acceso Europa Press, para mantener una línea de información sexual.
El Gobierno de Ceuta ha mantenido desde que se conocieron las deudas del Consejo que este es un "organismo autónomo" sin ninguna vinculación directa con la Administración. En un principio la Ciudad argumentó que las deudas con Hacienda y la Seguridad Social, que según la Ley General de Subvenciones impiden la concesión de cualquier subvención pública, no se contemplaban como impedimento para entregar ayudas en el Reglamento autonómico.
A juicio de UDCE-IU, sin embargo, el Gobierno local sería "responsable" de no pedir "la regularidad de pagos de este Consejo respecto de sus obligaciones fiscales y de los pagos a la Tesorería General de la Seguridad Social, cosa que exige la Ley y los convenios suscritos".
