El Gobierno de Ceuta encarga a Tragsa la demolición de un edificio ilegal de siete plantas en el Príncipe

Publicado 25/03/2018 16:32:23CET

CEUTA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento de Ceuta ha encomendado a Tragsa la ejecución subsidiaria de la demolición de un edificio de siete plantas de altura sin dueño ni promotor identificado que se ha levantado en el centro de la barriada del Príncipe Alfonso durante los últimos tres años al margen de la normativa urbanística y a pesar de las órdenes administrativas y judiciales de paralización de las obras.

El Ejecutivo autonómico que preside Juan Vivas (PP) ha encargado a la sociedad pública la ejecución del trabajo tras no encontrar a ninguna otra empresa dispuesta a asumir la misión, con un presupuesto cercano a los 300.000 euros.

El Gobierno de Ceuta considera que echar abajo ese inmueble, convertido en paradigma de la construcción de viviendas ilegales en la ciudad autónoma, es una cuestión que afecta a "la Defensa Nacional" por haberse levantado en terrenos militares, y "de interés general" porque "afecta a la seguridad e integridad física de las personas (viandantes, peatones, trabajadores, propietarios y moradores de viviendas colindantes)".

La Policía Local ha constatado durante las últimas semanas, según han explicado fuentes del Ejecutivo de Ceuta a Europa Press, que se habían retomado los trabajos en el edificio, que fue denunciado por primera vez en agosto de 2015, cuando los agentes observaron que evolucionaban "con gran rapidez" las obras, que han llegado a siete plantas de altura.

La Consejería de Fomento incoó un procedimiento sumario de "obras incompatibles con el ordenamiento" y de protección de la legalidad urbanística. La Inspección de Trabajo reclamó inmediatamente "máxima celeridad y urgencia en la tramitación del expediente necesario para el derribo del edificio", pero la Policía siguió viendo "grandes avances durante los fines de semana".

En enero de 2016, el Gobierno dio cuenta de los hechos a la Fiscalía y al Juzgado de Guardia. "La obra sido precintada en varias ocasiones pero el precinto se ha roto, retomando los trabajos", alertó la Policía local. En agosto de ese año, el Juzgado decretó el sobreseimiento provisional de la causa al no poderse localizan al propietario o promotor de la construcción.

Ante la "situación de la situación de grave peligro para las personas generada por la referida obra no legalizable", y "al objeto de proteger la seguridad e integridad física de las mismas", se ordenaron sin éxito varias medidas cautelares más como proteger el inmueble con una red de poliamida "en todas y cada una de las fachadas del edificio"; la ejecución de una fábrica de bloque de hormigón en el acerado "para impedir el paso de los peatones bajo la vertical de la fachada principal a la calle Central", y la instalación de barandillas "en la planta séptima y castillete, ya que se encuentran sin carpintería".

Además, se pidió a las fuerzas de seguridad "vigilancia continuada de las mencionadas obras para garantizar la total interrupción de la actividad hasta tanto se proceda a la completa demolición de lo indebidamente ejecutado", requerimiento que no ha logrado atajar los avances en el edificio.

El Gobierno de Ceuta considera "crónica y crítica" la proliferación de la construcción de viviendas irregulares en la ciudad, por lo que tramita la aprobación de un nuevo Reglamento de Disciplina Urbanística para dotarse de manera "emergente, ineludible e inaplazable" de una serie de medidas reglamentarias "de excepcionalidad y urgencia" para combatir esa deriva.

Su objetivo es poder decretar "la inmediata paralización real y efectiva de cualquier obra ilegal incipiente" y "la materialización física y en el menor tiempo posible" del derribo, así como un aumento sustancial de las multas y la posibilidad de dictar medidas excepcionales sin esperar siquiera a abrir el consiguiente expediente administrativo.